La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente Carlos Menem por presunta defraudación al Estado, al conceder el espacio radioeléctrico a la empresa Thales Spectrum Argentina (TSA).

También la Cámara confirmó un embargo de 200 millones de pesos dictado en primera instancia sobre los bienes del ex presidente.

"Puede considerarse que TSA incumplió la prestación principal del contrato al no entregar el sistema informático comprometido, tanto conforme a los términos originales del acuerdo -80 días desde la entrada en vigencia- como a la posterior reprogramación de plazos" aprobada por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), aseguró la Sala II del Tribunal.

Menem está acusado por haber firmado el decreto 127/98 que convalidó "un procedimiento licitatorio sumamente irregular", y a su vez por omitir los "resguardos necesarios para proteger el interés público involucrado, siendo perjudicado de este modo el Estado Nacional".

La Cámara consideró que el ex presidente tenía "un acabado conocimiento sobre todo lo atinente a la licitación cuestionada" al refutar la apelación del procesamiento en primera instancia -dictado por el juez Norberto Oyarbide- en la que la defensa había indicado que Menem delegó el tema en la CNC.

Además, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah derribaron ese argumento, al remarcar que Menem era el entonces titular del Poder Ejecutivo y como tal por "la relación inmediata que mantenía" con el patrimonio del Estado.

La Cámara explicó en la resolución que la secretaria de Comunicaciones "había sido trasladada al ámbito de la Presidencia de la Nación justamente al instrumentarse esta licitación" y que a "partir de allí se hicieron las modificaciones al pliego y contrato originarios, todas favorables al concesionario" TSA.

"Menem realizó un aporte no solo a través de una convalidación de un proceso licitatorio cuestionable, sino que violando los deberes a su cargo no dispuso las medidas indispensables para asegurar una adecuada gestión del espectro (radioléctrica) y su inacción fue perjudicial para el Estado", según el tribunal.

Así, consideraron que esa inacción privó al Estado de "un aporte de conocimientos y tecnología al que se había comprometido TSA, además del desequilibrio económico que desencadenó el incumplimiento de la concesionaria durante la ejecución del contrato".

Los jueces aseguraron que los incumplimientos por parte de la empresa "encuentran su origen" en la confección de un contrato con cláusulas "flexibles" que posibilitaron posteriores modificaciones.

"No puede perderse de vista la entidad de la licitación y la importancia de los intereses públicos en juego, al delegar en la concesionaria nada menos que la gestión y control del espectro radioeléctrico", añadieron.

La causa contra el ex presidente se inició en 2001 para investigar un proceso que comenzó con la licitación aprobada el 23 de diciembre de 1996.

El contrato establecía hasta 2012 y a cambio de 500 millones de dólares "los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico".