La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que lidera José Sbatella, resolvió elevar a la Justicia el pedido de la diputada de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz para que se investigue el presunto manejo irregular de fondos del Estado por parte de Sergio Schoklender, ex apoderado de de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Sbatella había señalado que no podía girar la causa a la Justicia porque le faltaban pruebas.

Entre las nuevas pruebas que se sumaron a la denuncia de Quiroz están los datos aportados por Afip que señalan que Schoklender está inscripto desde enero de 2004 en la categoría más baja del Monotributo (es decir, que factura hasta $20 mil al año), lo cual se contradice con sus propias expresiones, según las cuales él está en condiciones de comprarse una Ferrari o un avión privado.

El fiscal Raúl Pleé tendrá 60 días para analizar las presentaciones y evaluar si se realiza la denuncia penal por el caso.

La diputada Quiroz, advirtió: "Hay una serie de datos que certifican que no se controló nada, ni la provisión de fondos ni la construcción de viviendas".

Cabe recordar que hace un año la legisladora Quiroz había solicitado al organismo que comanda Sabatella, que investigue a Schoklender. Sin embargo, nunca tuvo respuestas.

Quiroz advirtió, asismismo, que las operaciones que realizó el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que dirige Hebe de Bonafini, tienen las carecterísticas de las maniobras que se llevan adelante para lavar dinero.

El titular del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, habló con Cadena 3 sobre esta causa y aseguró que "hay una serie de contradicciones graves y la diputada Quiroz está trabajando para ampliar la denuncia en la Justicia".

Pérez advirtió: "Tienen que haber mecanismos de control y transparencia y vamos a pedir que se avance en la investigación".

El diputado señaló además que "todos los programas" que manejaba Schoklender, "fueron promovidos por el Gobierno Nacional"

Informe de Luis Fernández Echegaray.