El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el asesor del PRO acusado por el supuesto robo de piezas arqueológicas adquirió esos objetos "de buena fe", aunque la jueza a cargo de la causa sostuvo que el dirigente "no podía desconocer" que se trataba de patrimonio público.

Según indicó Rodríguez Larreta, Matteo Goretti, vocal de la Fundación Pensar -que tiene a Mauricio Macri como presidente- "compró las piezas de buena fe y tiene todos los documentos que así lo muestran", y consideró que este caso "quiere politizarse" para afectar al macrismo.

"Se los compró a una persona, en los papeles está todo documentado. Que investigue la Justicia. Si hay alguna intención
oculta, va a saltar durante la investigación. Efectivamente, quiere politizarse", reclamó en declaraciones televisivas.

El politólogo Goretti, vocal de la Fundación Pensar, está siendo investigado por "encubrimiento" en el robo de piezas arqueológicas de la colección Rosso del Museo Ambato, en la localidad cordobesa de La Falda, en febrero de 2008, y sería citado en los próximos días a declaración indagatoria.

Se trata de un total de 58 piezas arqueológicas, cuyo valor se estima en 700.000 dólares, y que fueron decomisadas en un depósito del dirigente en la Capital Federal por orden del juzgado federal Número 1 de Córdoba.

La jueza federal subrogante de Córdoba, Liliana Navarro, sostuvo que Goretti "no podía desconocer, por su condición de coleccionista privado, que las piezas que había comprado pertenecían al arte precolombino".

En conferencia de prensa ofrecida en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba y difundida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la magistrada aclaró que "por el momento Goretti no está imputado ni privado de la libertad", debido a que se espera que el fiscal Enrique Senestrari expida la promoción de la acción penal.

"La investigación comenzó con una disposición del Ministerio de Seguridad que nos ordenó profundizar las investigaciones en torno al patrimonio cultural argentino, para recuperar las obras y que ponerlas a disposición de la gente", explicó a su vez el subcomisario Marcelo El Haibe, titular de la Sección de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol Argentina, dependiente de la Policía Federal.

Goretti "es un coleccionista privado, conocedor del arte precolombino y ha escrito libros sobre el tema, por lo tanto no puede ignorar lo que establece la ley" 25743/2003, dijo la magistrada.

"Estamos hablando de robo al patrimonio público, por lo tanto no puede venderse ni traficarse en el ámbito privado, además estas piezas formaban parte de un museo y a disposición de la gente", agregó la jueza.

Las piezas secuestradas serán puestas a resguardo de un museo en la localidad cordobesa de Río Ceballos, en tanto se sigue investigando sobre el faltante, ya que lo secuestrado hasta el momento representan solo el 10 por ciento de las casi 700 robadas.

Dicen que no se pueden comprar de buena fe
El fiscal federal Enrique Senestrari se refirió en diálogo con Cadena 3 al robo de las piezas arqueológicas y aseguró que nadie puede decir que las compró “de buena fe” porque “la ley es muy clara en ese aspecto”.

Con respecto al allanamiento en sí, remarcó que “fue gente especializada en delitos culturales, expertos en este tipo de piezas arqueológicas”.

“Según cuentan ellos, que son los idóneos para decirlo, son piezas que corresponden al museo de la Falda, de la colección Rosso. En base a eso nace la imputación a esas personas”, agregó.

“El origen de las piezas no lo conocemos. No sabemos a quién se la compró y han pasado cuatro años del robo. En ese ámbito uno sabe que estas piezas van pasando de mano en mano. No tenemos elementos para pensar que él las ha robado pero sí que tiene piezas que debía conocer que son de origen ilegal y la ley en ese aspecto es muy clara”, explicó el fiscal.

Con respecto a la ley, agregó: “Aún no siendo especialista, la ley se presume conocida y prohíbe la venta de estos productos fuera de un régimen que establece la misma norma. Cualquiera que los tenga se los debe ofrecer primero al Estado. No hay posibilidad de que alguien compre o venda estas piezas sin la intervención del Estado y diciendo que lo hizo de buena fe”.

Senestrari indicó que la pena para este tipo de delitos va de “los dos meses a dos años de prisión y además inhabilitación para estas actividades”.