El derecho incumplido a conocer cuánto nos cobran de impuestos

Hace no tanto tiempo, una ONG logró que el gobierno le hiciera caso y que las facturas, los tickets que recibimos por cualquier tipo de compra, tengan desglosados los impuestos que nos cobran cada vez que compramos, por ejemplo, un kilo de yerba. Y eso nos permite ver exactamente cómo se compone el precio que estamos pagando. Porque es importante conocer cómo está conformado el precio: el valor real del producto más todos los impuestos que derivan de él, como los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales.

Hemos naturalizado, desde tiempos inmemoriales, el hecho de no tener acceso a esa información.

Hace dos semanas, en la agenda pública de la provincia de Córdoba, se viene discutiendo el aumento aplicado por la provincia, a través de la Dirección de Rentas, sobre el impuesto inmobiliario urbano y el impuesto automotor. Aún no terminamos de saber cuánto es el incremento para cada contribuyente.

Si bien la provincia, a través de Lucrecia López, titular de la Dirección de Rentas, afirmó que el aumento es del 172% para el 99% de los contribuyentes cordobeses, esta cifra es desmentida día a día por la enorme cantidad de mensajes de sectores involucrados que aseguran haber recibido incrementos muy superiores: 200%, 300%, 400% e incluso 500%.

La funcionaria habló hace una semana y media con Cadena 3 y también con otros medios. Según ella, se realizó un trabajo muy cuidado con los afectados por aumentos superiores al 172%, a quienes se les notificó previamente que esto sucedería. Con todo respeto, le digo a la funcionaria que nadie entiende el criterio con el cual Rentas nos aumenta los impuestos.

Si bien el criterio general se basa en el índice de salarios —que en los últimos 12 meses fue del 172%, razón por la cual aumentaron en ese mismo porcentaje los impuestos inmobiliarios—, lo cierto es que en la factura electrónica de la Dirección de Rentas no se explica por qué a algunos contribuyentes les llegan aumentos aún mayores.

Y ese es el punto clave. Los contribuyentes tenemos derecho a una explicación clara, precisa y comprensible, no basada en coeficientes ininteligibles ni en criterios que solo un especialista en matemática financiera podría comprender. Tenemos derecho a conocer esos criterios. De lo contrario, nos queda una enorme duda y ponemos en cuestión que el aumento sea efectivamente del 172%.

Además, desde el oficialismo se insiste en que "los cordobeses están pagando la cuota única". Pero esto no es un argumento válido ni una justificación. No significa que los ciudadanos estén conformes, sino que, probablemente, pagan porque son responsables y no quieren acumular deudas. También porque el pago en cuota única ofrece un beneficio: a pesar del fuerte incremento, se paga un poco menos. Además, la tarjeta Cordobesa permite financiar ese pago en seis cuotas, lo que muchos aprovechan.

En definitiva, tenemos derecho a que nos expliquen los aumentos, pero, con las explicaciones actuales, ese derecho no puede ejercerse.

Por otro lado, lo más importante y la causa de este problema, es el nivel de aumentos que aplican tanto la provincia de Córdoba como muchos municipios y otras provincias.

Aquí hay un problema político.

El gobierno nacional aplicó un ajuste severo. Y, según el gobernador Llaryora en su discurso del 1° de febrero, la provincia de Córdoba realizó un ajuste aún mayor que el de la Nación.

Me permito decir que es necesario rediscutir el contrato entre el gobierno provincial y sus ciudadanos. La situación política del país ha cambiado, y también la situación económica: la inflación se está desacelerando. Entonces, aplicar tasas del 172% en un año donde la inflación será inferior al 30% es, cuanto menos, discutible.

Si al Estado provincial no le alcanza el dinero debido a su nivel de gasto, quizá debería replantearse cómo y dónde ajusta. Porque, así como los argentinos —especialmente los cordobeses— han soportado el ajuste nacional, tal vez el gobierno de Córdoba y el gobernador Llaryora deban considerar que los ciudadanos esperan señales concretas de reducción del gasto público, aunque estas sean dolorosas.

Si el ajuste ha sido aceptado a nivel nacional, ¿por qué no aplicar también una reducción del gasto en la provincia? ¿Por qué no achicar ministerios o revisar la cantidad de contrataciones en la Legislatura, muchas de ellas sin justificación?

Por eso digo que esta es una cuestión política. Pero lo otro es un derecho ciudadano: tenemos derecho a obtener respuestas. Y no solo en Córdoba, sino en todo el país.

Nos cobran, pero nunca nos explican. Es el derecho que no podemos ejercer.

Es grave no poder ejercer un derecho en un Estado de derecho.

Y cuando hablamos del contrato entre el gobierno y los ciudadanos, nos preguntamos: ¿cómo se discute ese contrato si el gobierno decide unilateralmente los aumentos, sin posibilidad de diálogo?

Es muy difícil.

Quiero responder al legislador Siciliano, presidente del bloque oficialista en la Legislatura. Planteó que el 70% de la recaudación impositiva en Córdoba proviene de impuestos nacionales. Sin embargo, no mencionó que una gran parte de esa recaudación regresa a la provincia a través de la coparticipación. Córdoba recibe ingresos tanto de impuestos nacionales como de impuestos provinciales.

También se dijo que la Nación no le paga a Córdoba la caja de jubilaciones ni otros compromisos asumidos por gobiernos anteriores, no por el de Milei.

Esto, al igual que muchos otros temas, está en rediscusión.

El "terremoto político" que ha generado Milei con su ajuste al Estado pone en debate el tamaño que debe tener el Estado en Córdoba. Es una discusión pendiente, que tal vez en algún momento se aborde, no solo desde lo político, sino también desde lo electoral.