La seguridad: problema común, ¿solución compartida o pelea política?

Sacudida, y con razón, la opinión pública de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina por una seguidilla de crímenes horrorosos, el gobierno nacional empezó a atacar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof. 

Javier Milei y Patricia Bullrich tienen razón en cuestionar a Kicillof y al peronismo, que gobierna la provincia casi ininterrumpidamente desde 1987, con la única excepción de los cuatro años de María Eugenia Vidal. Todo lo bueno y todo lo malo que ha ocurrido en la provincia —y ha ocurrido mucho de malo— está relacionado con las desastrosas gestiones populistas del peronismo en sus distintas versiones.

Desde Eduardo Duhalde hasta Axel Kicillof han pasado varios gobernadores, entre ellos Daniel Scioli, quien actualmente es funcionario del gobierno de Milei y fue gobernador de la provincia durante ocho años en nombre del kirchnerismo. Esto que digo lo puedo repetir cuantas veces sea necesario. 

Todos tienen razón, empezando por Milei, al criticar a Kicillof por el desmanejo de la seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Dicho esto, agrego algo más. El 12 de enero de este año, hace apenas unos días, el gobierno nacional celebró con derecho la reducción del 11,5 % en la cantidad de homicidios en todo el país al comparar 2024 con 2023. En 2023 hubo 2.048 asesinatos; en 2024, 1.810. Se registró una baja importante en Rosario y sus alrededores, así como en el resto del país, incluida la provincia de Córdoba y también la de Buenos Aires. Como esta última es la más poblada, es natural que tenga potencialmente el mayor número de homicidios.

El 12 de enero, a propósito de esta estadística difundida por su propio ministerio, Patricia Bullrich celebró la noticia y señaló que no fue solo por el trabajo del gobierno nacional, sino una tarea conjunta con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Afirmó que el despliegue de las fuerzas federales en determinadas zonas fue fundamental para lograr este resultado.

Más allá de la polémica y del uso político que se hace de las muertes, como en este caso, hay que señalar algunos aspectos clave para comprender el problema, que es precisamente lo que persigo con estas palabras. La responsabilidad principal de la seguridad pública recae en las provincias, pero existen fenómenos que deben ser atendidos por las fuerzas federales, empezando por el narcotráfico, que es una de las principales causas de la violencia y la muerte en el país. En este sentido, es indispensable un trabajo conjunto.

En la ciudad de Rosario, por ejemplo, y también con bajo perfil en la provincia de Córdoba, se lleva a cabo un esfuerzo coordinado entre la nación y las provincias de Santa Fe y Córdoba, así como con otros distritos. Sin una articulación efectiva y un trabajo conjunto, especialmente en zonas críticas como la provincia de Buenos Aires, el problema no se resolverá.

De nada sirven las estadísticas que muestran que Argentina, en comparación con otros países de la región, es uno de los más seguros de América. Decirlo no cambia nada, porque la seguridad —o la inseguridad— la sufrimos todos, más allá de cualquier comparación internacional.

En definitiva, la responsabilidad es compartida: prioritariamente de las provincias, pero sin el apoyo de la nación es imposible enfrentar el problema. ¿Existe realmente voluntad política por parte de los gobernadores y del presidente Milei para trabajar en conjunto y dejar de hacer politiquería barata con el tema que, después de la economía, más preocupa a los argentinos?