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24/11/2021 | 11:55 | Por Sergio Suppo.
Sergio Suppo
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Naturalizar la violencia, un salto mortal
El escándalo de la violencia vuelve a dejar de ser un escándalo en un país que sufrió apenas una generación atrás, el signo aterrador del exterminio.
Quisiera no pagar el impuesto de ser exagerado, pero prefiero parecer exagerado, porque el hecho de que nos estemos acostumbrando quietamente a la violencia no me parece un dato menor. Insisto, un país como la Argentina, que ha conocido el rigor desastroso de la violencia política hace apenas cuarenta años atrás, no puede darse ese lujo.
Hay tres hechos producidos en las últimas horas que están unidos por un común denominador, precisamente la desaprensión respecto de la violencia. Empieza a dejar de llamar la atención que ocurran hechos de una gravedad extraordinaria.
En el primero de los tres hechos murió un ocupante ilegal de un terreno en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro, miembro de un grupo que se atribuye ser mapuche y que reclama soberanía de tierras en el sur de Argentina y en el sur de Chile. No se sabe todavía quién lo mató; si fueron cazadores, o quién.
El Estado se muestra absolutamente impotente para encauzar una investigación en este caso, empezando lisa y llanamente porque no puede entrar a la zona ocupada por el grupo mapuche, ni siquiera a tomar contacto con el cuerpo de la víctima y a empezar la investigación con una autopsia. El cuerpo de la persona asesinada sigue en poder de ese grupo del que formaba parte, algo completamente irregular.
Colateralmente a ese mismo episodio, hubo un enfrentamiento entre grupos de supuestos mapuches que cortaban la ruta y un grupo de jinetes. Estos jinetes desalojaron una ruta por la fuerza.Se trató de un enfrentamiento entre civiles.
El responsable de desalojar una ruta por la fuerza debe ser el Estado, ya sea el Estado nacional o el Estado provincial, en este caso de Río Negro,porque para eso el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, para hacer cumplir las leyes.
Nosotros, por nosotros mismos, no podemos ejecutar una ley con violencia en nombre de otro. Por más “pintoresco” que pueda resultar, ese desalojo de los autodefinidos gauchos en contra de otro grupo, autodefinido mapuche, no corresponde.
Segundo tema: la balacera contra varios restaurantes en la ciudad de Rosario. Restaurantes que estaban llenos de gente. Aparecen sicarios disparan a mansalva y milagrosamente no mataron a nadie. ¿Esto es un mensaje contra los propietarios de los restaurantes porque no le pagan, entre comillas, el impuesto a la seguridad a la mafia de Rosario?¿O es, además, un mensaje de la mafia del narcotráfico rosarino al Estado para que haya una negociación? Porque todo lo que está pasando en Rosario se parece cada vez más a lo que hemos visto en las series que reproducían lo que hace veinticinco años pasaba en ciudades como Medellín y Bogotá, en Colombia.
El caso de la serie de Pablo Escobar nos ilustra perfectamente, por eso, cada vez que vemos ahora un sicario en Rosario disparar recordamos lo que pasó y la escalada de violencia que vivió Colombia en esos años y que todavía ahora se viven en países como México.
Tercer tema: el lunes a la noche hubo ocho personas, nueve entre mujeres y hombres todavía no identificados, que tiraron ocho bombas molotov contra la sede del diario Clarín, en la ciudad de Buenos Aires.
Hace algunos minutos hablamos con el editor general adjunto del diario Clarín, Ricardo Roa, para ver qué novedades tenían y cómo evolucionaba esa investigación. Los datos que nos aportó Roa dicen que hay un principio de identificación. Puede tratarse de un grupo seudo anarquista. Es extraño, según le parece a Roa que no haya por ahora ninguna reivindicación como la que suelen dejar los anarquistas en estos casos. Hay minúsculos grupos en órbita que suelen ejercer este tipo de acciones vandálicas en los últimos tiempos en la ciudad de Buenos Aires.
Otra hipótesis apunta un grupo marginal del propio oficialismo. Nadie, ni Roa, ni yo ni nadie en este momento puede decir que es el oficialismo, el kirchnerismo, el que ha atentado contra el grupo Clarín. Sería una absoluta irresponsabilidad de nuestra parte. Lo que está en principio a priori descartado, por lo que se ve en las imágenes, es que se trate de un grupo de lo que se llama genéricamente “mano de obra desocupada” o los servicios de inteligencia, que en estos casos actúan de otra manera y no tan a cara descubierta como lo hicieron los atacantes.
Sin embargo eran ocho personas que llevaban una bomba en la mochila cada uno y que se movieron con cierta tranquilidad.
Hay otro dato inquietante respecto de este caso, que es un atentado contra la libertad de expresión. Tengamos bien claro que alguien que atenta en contra de un diario atenta contra la libertad de expresión, no contra una empresa, necesariamente. Posteriormente de conocido el hecho, el presidente Alberto Fernández escribió ayer en las redes que se trataba de un “episodio”, cuando todos vimos que se trató de un atentado. El presidente está, aunque sea inconscientemente, reduciendo la gravedad del hecho. La Cámpora, tuiteó hablando del discurso del odio,parangonando el hecho con un atentado que también sufrió esa organización en Bahía Blanca. Naturalmente, todo atentado y todo ejercicio de violencia es absolutamente repudiable, pero se desprende de las palabras del comunicado una cierta relativización del hecho.
Los hechos de violencia son siempre graves y no pueden ser condenados más o menos a medias. ¿Hay, por lo tanto, una justificación larvada y, entre comillas, una cierta celebración por lo que le pasó a Clarín? Me lo pregunto y me gustaría tener una respuesta negativa a esa pregunta. Pero si uno lee en las redes sociales desde ayer y hasta hoy encontrará que hay una cierta celebración de determinados grupos políticos porque ocho personas fueron y tiraron bombas incendiarias contra un diario importante del país.
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Libertad de expresión
Al menos nueve personas encapuchadas participaron del hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad. La investigación ya está cargo del juez Luis Rodríguez, quien caratuló la causa como "intimidación pública".