Cuando las palabras hieren, el silencio es cómplice

Las palabras no son solo sonidos que emitimos al azar.

Son herramientas que construyen realidades, definen identidades y, en el peor de los casos, perpetúan estigmas.

Por eso, la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de reincorporar términos como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental” en su nueva normativa para evaluar a personas con discapacidad intelectual, en el marco de las pensiones no contributivas, es mucho más que un error burocrático.

Deberíamos definirlo como un acto de violencia simbólica que nos retrotrae a épocas oscuras de la historia.

A este despropósito se suma el reciente cuestionamiento del diputado Miguel Pichetto a la “cultura norteña argentina”, una declaración que, aunque en otro contexto, refuerza la necesidad de reflexionar sobre cómo usamos el lenguaje y a quiénes dañamos con él.

La Resolución 187/2025 de la ANDIS, publicada en enero, clasifica a las personas según su coeficiente intelectual con una terminología que la ciencia y la sociedad abandonaron hace décadas por su carga peyorativa y deshumanizante.

“Idiota” para quienes tienen un CI de 0 a 30, “imbécil” de 30 a 50, “débil mental” de 50 a 60.

Estas etiquetas no solo son obsoletas desde un punto de vista médico —hoy se habla de discapacidad intelectual con un enfoque basado en capacidades y apoyos—, sino que violan flagrantemente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de rango constitucional en Argentina. 

Este documento obliga a los Estados a combatir estereotipos y promover la dignidad, no a resucitar un léxico que reduce a las personas a insultos disfrazados de diagnóstico.

La excusa de la ANDIS podría ser la “precisión técnica” o la necesidad de “ordenar” el sistema de pensiones, pero esto no resiste análisis.

Siete organizaciones, lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), han denunciado que esta normativa es una regresión en derechos humanos.

No se trata de un tecnicismo: es una elección deliberada que refleja ignorancia, insensibilidad o, peor aún, una voluntad de estigmatizar a un colectivo ya vulnerado.

En un país donde las personas con discapacidad enfrentan barreras diarias —desde la falta de accesibilidad hasta la exclusión laboral—, el Estado debería ser un garante de inclusión, no un amplificador de prejuicios.

Y mientras el gobierno juega con palabras que hieren, el diputado Miguel Pichetto, figura clave en la política argentina, decide apuntar a la “cultura norteña” como parte de sus críticas a la inmigración y el “pobrismo”.

En 2019, afirmó que “la Argentina idiota te liquida”, y más recientemente ha cuestionado el crecimiento del Conurbano con “pobres latinoamericanos”.

Sus declaraciones, aunque enfocadas en temas migratorios, tiñen de desprecio a una región y a una identidad cultural que merecen respeto, no caricaturas.

El norte argentino, con su diversidad y riqueza, no es un monolito para ser juzgado desde una mirada porteño-céntrica, y usar términos que lo menosprecian solo alimenta divisiones que no necesitamos.

Las palabras importan, y mucho

Lo que para algunos es un desliz, para otros es un golpe a la dignidad. La ANDIS debería derogar de inmediato esta resolución y adoptar un lenguaje alineado con los avances en derechos humanos.

Pichetto, por su parte, debería medir el impacto de sus generalizaciones y recordar que liderar no es sinónimo de dividir.

Como sociedad, nos toca exigir más cuidado: no podemos permitir que el Estado o sus representantes nos devuelvan a un pasado de discriminación, ni en las oficinas ni en los discursos.

Porque cuando las palabras se usan para herir, el silencio cómplice también es culpable. 

ACTUALIZACION. Después del cierre de esta columna, ANDIS anunció que modificará la resolución. Y desvinculó a la funcionario responsable del documento.