Ficha limpia: statu quo vence transparencia y siete segundos para el recuerdo

Acaba de fracasar una vez más una sesión para incorporar la "ficha limpia" al sistema electoral argentino.

Hubo 116 diputados en sus bancas cuando eran necesarios 129 para avanzar con el proyecto empujado básicamente por el PRO.

Recordemos de qué se trata

El sistema de ficha limpia es una iniciativa que busca restringir la elegibilidad de personas condenadas por delitos, especialmente aquellos relacionados con la corrupción, para ocupar cargos públicos. Este concepto ha sido adoptado en varios países de América Latina y otras regiones, cada uno con sus particularidades.

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Brasil

La ley de ficha limpia fue implementada en 2010, prohibiendo a los políticos condenados por corrupción, entre otros delitos, postularse a cargos públicos. Esta ley se originó a partir de un movimiento ciudadano que recogió millones de firmas para su aprobación.

Chile

En su Constitución, se establece que las personas condenadas por delitos graves no pueden ser elegibles para cargos públicos. Esto incluye delitos relacionados con la corrupción y otros crímenes de alto impacto.

Uruguay

La normativa uruguaya también contempla restricciones para aquellos con antecedentes penales, alineándose con el principio de proteger la integridad del sistema democrático.

México, Perú, El Salvador y Honduras

Estos países han adoptado leyes similares que buscan limitar la participación electoral de individuos condenados por delitos graves, lo cual refleja un esfuerzo regional por combatir la corrupción y fortalecer la confianza pública en las instituciones democráticas.

Debates sobre el sistema

El sistema de ficha limpia ha generado intensos debates en varios contextos. Hay varios proyectos en el Congreso argentino buscando establecer restricciones para candidatos condenados por corrupción y otros delitos graves.

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Sin embargo, el avance de estas iniciativas enfrenta obstáculos políticos y falta de quórum en las sesiones legislativas.

Los defensores argumentan que esta medida es crucial para fortalecer la democracia y aumentar la confianza ciudadana en las instituciones.

Por otro lado, los críticos advierten sobre el riesgo de persecución política y violaciones a la presunción de inocencia.

Desde el entorno kirchnerista, se considera que la ley es un intento de proscribir a Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta en lo que se conoció como la causa Vialidad.

Cristina, ahora presidenta del Partido Justicialista, podría aspirar a una banca por la provincia de Buenos Aires como forma de protegerse con fueros.

Los kirchneristas consideran que, aunque la ley se presenta como una medida para combatir la corrupción, en realidad está dirigida a eliminar a líderes opositores, especialmente a aquellos con un fuerte apoyo popular como CFK.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que no sería positivo que la ley se interpretara como un intento de proscribir a CFK, lo cual deja en duda la verdadera vocación del gobierno mileista por avanzar con esta ley.

Tal vez ficha limpia les quitaría del escenario el principal adversario a vencer, Cristina, y por eso prefieren mantener el statu quo.

Es curioso: en las redes sociales libertarias, tan proclives a castigar sin pensarlo dos veces, reina el silencio. Raro, no?

Solo deberíamos recordar este discurso del presidente Javier Milei al abrir las sesiones ordinarias del Congreso.

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