Abrapalabra
20/09/2024 | 18:25
Redacción Cadena 3
Julio Perotti
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La parábola de la aerolínea perdida.
Ayer asistimos en el hotel Quinto Centenario de un evento en el que se debatía la necesidad de la infraestructura, tanto en bienes como servicios, para favorecer el desarrollo.
Obviamente, conectividad y servicios de transporte son cruciales.
Esto se dio en el medio del debate sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, colonizada por los gremios a los que el Estado, con toda la ley a su favor, parece incapaz de dominar.
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Entonces, de boca del vocero del gobierno, Manuel Adorni, salió rápidamente la alternativa privatizadora.
Es cierto que nunca hubo un gobierno tan declamadamente privatista como el de Javier Milei. Va al extremo. Carlos Menem y Mauricio Macri lo fueron, pero con matices.
Ahora, la discusión parecer ser: empresa estatal disfrutada y fundida por sus empleados. O empresa privatizada.
La privatización de empresas estatales deficitarias es un tema complejo que ha generado un amplio debate en el contexto económico y político de varios países, especialmente en América Latina.
Aunque la privatización puede ser una alternativa para abordar el déficit de estas empresas, no es la única opción disponible.
Eficiencia y competitividad: La privatización se argumenta a menudo como un medio para mejorar la eficiencia. Las empresas estatales suelen enfrentar problemas como la falta de disciplina financiera y la interferencia política, lo que puede llevar a decisiones ineficientes y a un exceso de personal. En contraste, las empresas privadas operan bajo incentivos de mercado que pueden fomentar una mejor gestión y mayor productividad.
Reducción del déficit: La privatización puede ayudar a reducir el déficit fiscal al transferir la carga financiera del Estado a manos privadas. Esto ha sido observado en casos como el Correo Argentino, donde la privatización inicial llevó a una reducción del déficit, aunque posteriormente el Estado tuvo que aumentar su asistencia financiera.
Inversión y modernización: Las empresas privadas pueden atraer inversiones que las empresas estatales no pueden. Esto puede resultar en una modernización de los servicios y productos ofrecidos, beneficiando finalmente a los consumidores.
Riesgo de concentración de poder: la privatización puede llevar a la concentración de poder en manos de unos pocos actores económicos, lo que podría resultar en monopolios o oligopolios que no benefician al consumidor final.
Impacto social: la transición hacia la privatización puede tener efectos negativos en el empleo y en los servicios públicos esenciales. La reducción de personal y el aumento de tarifas pueden afectar desproporcionadamente a las comunidades vulnerables.
Existen otras opciones para mejorar la situación de las empresas estatales sin recurrir a la privatización. Estas incluyen reformas internas, mejor gestión administrativa, y asociaciones público-privadas que pueden permitir mantener el control estatal mientras se mejora la eficiencia.
La privatización no es necesariamente la única alternativa para una empresa estatal deficitaria; es una opción entre varias que deben ser consideradas cuidadosamente.
Aceptar que la privatización es la única salida implica admitir que el Estado es incapaz de manejar una empresa.
Pongámoslo en términos más prosaicos: el Estado es como un padre que reconoce que no puede manejar a su hijo y, en lugar de hacer el esfuerzo para lograrlo, lo deja ir o lo da en adopción.
Aunque después deba recibirlo como lo hizo el padre con su hijo perdido…
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