Estiman que cada empleado público le puede costar $800 millones al Estado

La decisión del Gobierno argentino de intimar a aproximadamente 10.000 empleados públicos para iniciar el trámite de jubilación ha despertado mucha polémica.

El economista Patricio Canalis, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), realizó un estudio sobre la cantidad de empleados públicos y el gasto que significa en el Estado. Según su estimación, cada trabajador público le cuesta "como mínimo 800 millones de pesos".

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"Con una sola firma de un ministro, para designarlo, le cuesta al Estado 800 millones de pesos en toda su vida. Y si eso se compara, por ejemplo, a todo el tramiterío que hay que hacer para comprar una resma de hojas en el Estado, hay una inconsistencia. Porque para comprar un bien de esa magnitud o de muchísimo menor valor, hay que abrir un proceso de licitación, pasar por controles, apelaciones. Pero para designar a un empleado, cuando el costo es mucho mayor, entramos en una inconsistencia porque es bastante más fácil", explicó. 

Canalis aclaró que “a los que acaban de intimar Sturzenegger y Milei son estrictamente de la Administración Pública Nacional, que serían ministerios y un poco más que eso”. En total, el empleo público en Argentina asciende a 700.000 personas, de las cuales 50.000 están en condiciones de jubilarse. “Esto es en todo el país y teniendo en cuenta todas las administraciones”, señaló.

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El economista también analizó la estabilidad del empleo público, que “garantiza al Estado una planta que quede permanente, independientemente del cambio de gobierno”. Sin embargo, señaló que “el ingreso se pervirtió” y que “cualquiera puede nombrar a empleados con una sola firma, casi sin ningún tipo de control”.

En cuanto al aumento de la planta pública en los últimos años, Canalis indicó que “el empleo público se concentra fuertemente en las administraciones provinciales”, que son las encargadas de proveer servicios básicos. “Córdoba es una de las que menos empleo público tiene”, afirmó, y comparó que “hay provincias que tienen más de 100 empleos públicos por cada 1.000 habitantes”.

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El impacto de la decisión del Gobierno sobre los gastos corrientes es difícil de estimar, según Canalis. “No llega a ser un gran ahorro”, puntualizó, y agregó que “hay que ordenar y tratar de resolver estos problemas de sobredotación y de baja profesionalidad en el Estado”. Para ello, propone mejorar las reglas de ingreso y los mecanismos de evaluación de los empleados públicos.

Entrevista de Ahora País