Barras de La Fiel confesaron un fenomenal tráfico de drogas

El inicio del juicio contra parte de la cúpula de La Fiel, la poderosa barra del club Talleres, acusada de estar detrás del fenomenal contrabando de casi 1.300 kilos de marihuana desbaratado en febrero de 2022, trajo varias novedades.

La más importante: de los 16 acusados, 13 decidieron tirar la toalla judicial, confesaron su participación y acordaron con la fiscalía penas de entre ocho y cuatro años de prisión. Ahora, el juez federal José Fabián Asís deberá refrendar este trato.

Pero el líder de La Fiel, Darío Cáceres, decidió dar pelea, rechazó todo tipo de juicio abreviado y comenzó a ser juzgado en un juicio abierto, junto a otros tres acusados. En la primera audiencia de este jueves, escuchó la acusación en su contra y por consejo de su abogado oficial Jorge Perano (reemplazó al concejal oficialista Diego Casado) dijo que por ahora no iba a hablar.

Entre los que sí confesaron haber estado detrás de este impresionante contrabando de drogas figura Juan Ignacio "Rambo" La Costa, un joven oriundo de barrio Yapeyú, de la Capital cordobesa, que está sindicado de haber liderado una de las células más importantes de la barra. 

La Costa, quien tiene un grueso prontuario, volvió a ser noticia en las últimas horas cuando pidió mudar su prisión domiciliaria (le fue otorgada porque le falta una pierna a raíz de un antiguo accidente en moto) porque su familia teme represalias por el crimen de Gabriela Pérez, la joven trabajadora de la limpieza que murió alcanzada por un balazo en medio de un atentado ocurrido el pasado 9 de septiembre mientras de desarrollaba un asado sindical en el club Yapeyú. El presidente de esa institución es "Nacho" La Costa, padre de "Rambo". A este hombre se lo vincula con el actual secretario general de Soelsac, Sergio Fittipaldi.

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El fiscal que actúa en este juicio, Carlos Gonella, confirmó a Cadena 3 que tanto Darío Cáceres como su histórico lugarteniente, Sergio "Tomatón" Busso, decidieron afrontar un juicio oral y público. 

Pero, sobre la hora, Busso (que tiene dos causas por homicidios en el fuero provincial) también declinó y aceptó un juicio abreviado, luego de cerrar con un nuevo abogado.

O sea, junto a Cáceres sólo quedaron en el banquillo para ser juzgados Gustavo Daniel Medina Ramírez y Claribel Georgina Alexandra Espíndola. El resto, pactó las sigueintes penas:

Sergio Busso, ocho años de prisión.

Horacio Páez, ocho años de prisión.

Mauro Peralta, ocho años de cárcel.

Emanuel Benítez, seis años de prisión, unificada con una condena anterior en la única pena de  16 años de prisión.

Rita Cabral, seis años de cárcel.

Juan La Costa, seis años de prisión.

Claudio Gómez, seis años de cárcel.

Ángel Valdez, cinco años de prisión. 

Ángel López, cuatro años y ocho meses de cárcel.

Leandro Vallejos, cuatro años y ocho meses de prisión.

Cristian Chávez, Maximiliano Romero y Horacio Núñez, cuatro años de cárcel.

También se ordenó decomisar una serie de vehículos que habrían sido utilizados en la maniobra delictiva: un Volkswagen Vento, un Fiat Cronos, un Renault Kangoo, un camión Iveco, un utilitario Renault Trafic, una camioneta Toyota SW4 y un auto Honda Civic.

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Las pruebas recopiladas por los investigadores de la división Antidrogas Córdoba de la Policía Federal Argentina no dejan de asombrar. En sólo un puñado de semana, los principales cabecillas de La Fiel reunieron al menos 45 millones de pesos que luego cambiaron por dólares para adquirir la droga pagando en efectivo, según consta en el expediente.

Este dato revela el verdadero poder de La Fiel: una organización con una presencia territorial cada vez más abarcativa en Córdoba, que controla múltiples negocios de manera simultánea. Al dominio sobre la principal tribuna de Talleres se le suma fuerte lazos con los gremios más importantes de la provincia y de la ciudad. Incluso, algunos de estos barras ofician como "guardias privados" de referentes sindicales. 

Fútbol, armas, drogas, sindicatos y contactos siempre estrechos con punteros políticos.

De acuerdo a la investigación que en su momento lideró el fiscal Enrique Senestrari, tras abonar la suma millonaria se acordó que desde Corrientes iban a enviar a Córdoba, el 18 de febrero de 2022, 1.288 kilos de marihuana compactada. Todo, acondicionado en 1.761 panes que fueron escondidos en un galpón ubicado en pasaje Orellano s/n de barrio 25 de Mayo, en la periferia sudeste de la ciudad de Córdoba.

"De dicha cantidad, destinaron 933 envoltorios con marihuana para el grupo delictivo integrado por los encausados Juan Ignacio La Costa, Claudio Ezequiel Gómez, Manuel Alejandro Benítez y Claribel Georgina Alexandra Espíndola; 380 envoltorios con marihuana para la organización integrada por los encartados Darío Ramón Cáceres, Carlos Horacio Páez, Sergio Omar Busso y Mauro Alejandro Peralta; y, finalmente, 448 envoltorios para personas, hasta el momento no individualizadas", se agrega en la acusación.

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En toda esta trama, Núñez, Medina Ramírez, Vallejos y Romero aparecen como los supuestos proveedores correntinos, quienes habrían contratado los servicios de Cristian Ramón Chávez y Ángel López para trasladar la droga.

Además de los datos sobre este contrabando, los investigadores fueron recopilando y volcando datos en el expediente que alertan sobre diversas cuestiones que iban escuchando en las intervenciones telefónicas:

-Compra y venta de armas.

-Reuniones con narcotraficantes peruanos.

-Encuentros en reconocidos edificios de Córdoba donde terminaban por acordar las transacciones ilegales.

-Diferentes células abocadas al tráfico de drogas.

-Triangulación de teléfonos para no ser detectados.

-Sicarios.

Sobre este último punto, en una de las escuchas aparece una frase que ahora, tras el crimen ocurrido en el asado de Soelsac de barrio Yapeyú, causa escozor: "...ya que pueden conseguir a alguien que 'por un asado meta un balazo' (comunicación N° 84)".

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