Cómo cayó el acusado de balear la sede policial de la "cuadra narco"

En la madrugada del pasado 11 de agosto, la ciudad de Córdoba fue escenario de un atentado que, hasta entonces, se creía reservado para otras geografías.

Alrededor de la 1.30 de aquel día, según consta en la investigación que lidera el fiscal Andrés Godoy, desconocidos llegaron hasta la esquina de Melián y Arriola, barrio Quintas de San Jorge, y de manera casi automática abrieron fuego contra la fachada. En total, se escucharon cinco detonaciones que impactaron contra una puerta y las paredes de la sede policial.

No se trata de una base azul más. A sólo 50 metros, detrás de la comisaría aparece, en dirección a la Circunvalación, Río Pasaje, una calle de sólo 200 metros que desde hace años es conocida, tanto en ámbitos policiales como en el submundo del hampa como "la cuadra narco".

La definición no es caprichosa. Desde hace años esa zona de la ciudad aparece señalada como uno de los 25 barrios de la Capital cordobesa en los que el narcotráfico ganó el territorio. Informes de organismos públicos y privados coinciden desde entonces en el mismo diagnóstico.

En Río Pasaje ya llegó el pavimento y el cordón cuneta, luego de décadas en las que las primeras lluvias transformaban en un lodazal a esos 200 metros. No obstante, esta mayor conectividad con la traza urbana, según advierten los informantes, lejos estuvo de aminorar la criminalidad en esa zona.

Las miradas desconfiadas en las esquinas delatan que hace tiempo ya tienen dueños definidos. El control territorial es palpable a cualquier hora del día. El desconocido es escrutado a través de gestos adustos que no necesitan presentaciones.

Tras ello, los delincuentes aceleraron y se perdieron rápido de vista. No dejaron ningún mensaje escrito para que los investigadores lograran descifran las motivaciones detrás del atentado.

Los vecinos que en aquel momento pidieron hablar bajo un estricto anonimato, hablaban de "peajes" nocturnos y de precoces delincuentes agazapados durante las noches. Todo, con un denominador en común: la droga.

La reacción oficial no se hizo esperar. Una semana después, más de 400 efectivos se movilizaron a ese sector en un megaoperativo que fue más un mensaje que una acción efectiva en contra del delito. Tres personas con antecedentes penales fueron detenidas (se viralizaron fotos cuando los agentes atrapaban en los techos de las viviendas a sospechosos que pretendían escapar) y se secuestraron algunos elementos. Pero nadie quedó vinculado a la balacera contra la sede del CAP7.

Casi dos meses después, el pasado 9 de este octubre, el fiscal Godoy imputó a un sospechoso del ataque. Lo curioso es que no fue detenido por la Policía, que hasta ahora no estaba al tanto de esta captura. "Pareciera que a la fuerza no le preocupó saber quién les había baleado una sede propia", apuntaban anoche desde Tribunales 2.

Ocurre que la detención fue lograda por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en medio de un operativo por ventas de drogas al menudeo en ese sector. Luego de que en estos operativos fuera desarticulada una organización familiar vinculada al narcomenudeo, la apertura de los teléfonos de los acusados llevó a vincular ambas causas: la de la venta de drogas con el ataque a la base del CAP 7, según apuntaron las fuentes consultadas.

De esta manera, el lunes de la semana pasada, el fiscal Godoy imputó a uno de estos detenidos por el presunto delito de "daño calificado" y ordenó que continuara detenido.

Quienes conocen la zona ampliaron que se trata de un "conocido narco" de esa zona que aquella madrugada, al parecer drogado, salió a tirar balazos contra la base azul. "Fue su madre la que tuvo que salir a buscarlo para que dejara de echar moco", amplió un informante.

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