La trama detrás de la ejecución del "Zar de la droga" en Río Cuarto

Sus íntimos lo llamaban "Lecayo". Pero en el sinuoso mapa del narcotráfico en el país, ya se referían a él como "el Zar de la droga". Claudio Torres tenía 43 años. En las redes sociales, se ufanaba de su poder adquisitivo: motos, autos y camionetas de alta gama, BMW, Porsche, Audi.

Incluso, ya se estaba ocupando de ultimar los detalles de un casamiento cuyos detalles podrían haber asombrado a cualquier desprevenido.

Para justificar semejante nivel de vida, Torres (con una condena por proxenetismo) decía dedicarse a la compraventa de vehículos, rodados que traía desde Buenos Aires a Río Cuarto. Nadie le creía, pero tampoco se esforzaba mucho para disimular. Relojes rolex, anillos bulgaris y perfumes importados terminaban por configurar su apariencia pública. Caprichos de zares.

Nunca se había ido de la casa que heredó de su abuela, en calle Laprida al 1200, en barrio Fénix, de la ciudad del sur cordobés. Aunque poco quedaba de aquella vivienda: un jacuzzi en la terraza, una pileta con sus iniciales, vestidores individuales en cada habitación y una cantidad impresionante de aparatos electrónicos de todo tipo conformaban la nueva fisonomía interna del domicilio.

El viernes 16 de enero de 2019, minutos después de las 20, Torres regresó desde Buenos Aires a su casa. Había viajado al volante de un ostentoso Audi TT, junto a Claudio Bossi, un lugarteniente en la banda narco. Como siempre, en la cintura llevaba una pistola calibre 6.25. Pero esta vez, los mercaderes de la muerte no le dieron tiempo para desenfundarla.

Apenas puso un pie en la vereda, recibió una ráfaga de disparos provenientes de pistolas nueve milímetros y 11.25. Armas diseñadas para no fallar.

El asesinato había sido planificado al detalle. Los sicarios ni perdieron tiempo en revisar si ya habían cumplido con su objetivo de matar al zar. Dispararon, se dieron media vuelta y se subieron al utilitario Renault Kangoo en el que habían llegado. Con la paciencia de los asesinos a sueldo, habían aguardado el momento justo en una pequeña plaza de la zona.

La Kangoo aparecería quemada, minutos después, en las afueras de la ciudad, sobre la ruta nacional 8.

A esa hora, Torres, moribundo, era ingresado en la terapia intensiva. Había sido atravesado por nueve balazos. En la madrugada siguiente, los médicos confirmarían que no había soportado semejante andanada.

Pus

La ejecución reveló en aquel momento cómo el crimen organizado había infectado el sur de la provincia de Córdoba. El juez federal Carlos Ochoa tuvo que apurar una investigación cuya lentitud nunca nadie ha podido explicar hasta hoy.

Una causa penal por narcotráfico y lavado de dinero, con epicentro en Río Cuarto, que había comenzado en 2014 y que siempre estuvo plagada por conjuras y traiciones. Gendarmes que investigaban y que quedaron presos; policías federales que también investigaban y terminaron imputados; y una llamativa amenaza que llegó 11 días antes del crimen de Torres a la base de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la tercera fuerza de seguridad a la que debió acudir el juez para seguir la pista de esta banda.

La infección había corroído casi todo. La noche en la que mataron a Torres, uno de los primeros en llegar a la escena del crimen fue el jefe de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba en Río Cuarto, Gustavo Oyarzábal. No secuestró el Audi TT ni allanó la vivienda de la víctima. El fiscal que estaba de feria aquel día, Daniel Miralles, recién se enteraría de lo ocurrido durante la madrugada del sábado 17.

Días antes, a Oyarzábal le había llegado el pase a retiro obligatorio. Pero lo había desoído y continuaba al frente de una de las divisiones más sensibles de cualquier Policía. Nunca nadie en la fuerza explicó cómo siguió trabajando pese a la orden oficial que indicaba que ya no era más un efectivo activo.

Recién el lunes siguiente la casa de Torres fue allanada. Ya habían desaparecido varias de sus costosas pertenencias. Y quién sabe qué más.

Cuando el juez Ochoa al fin decidió firmar los operativos contra el resto de la banda narco, Oyarzábal también figuró entre los imputados. Quedó preso.

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Mano derecha de los fiscales de esa ciudad durante años, en febrero último Oyarzábal fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por haber protegido a José Vargas Parra y sus hijos, condenados por la privación ilegítima de Nicolás Sabena, el joven desaparecido desde 2008, cuando tenía 21 años. Sobre los Parra siempre hubo sospechas de narcotráfico.

En abril último, Oyarzábal y el resto de los acusados por la banda narco que lideraba Torres, aceptaron su culpabilidad y acordaron un juicio abreviado en el Tribunal Oral Federal Nª 2 de Córdoba.

De acuerdo a la acusación del juez Ochoa, la organización de narcolavado era liderada por Torres, los hermanos Andrés y Mariano Rivarola, Gabriel Bossi, y Cristian Ortiz. La banda compraba cocaína y marihuana en Buenos Aires (Nordelta, Tortuguitas y José C. Paz) y en Rosario. Para llevar la droga, utilizaban autos de alta gama, bajo la excusa de la compra y venta de vehículos. Río Cuarto era la base de la organización y desde allí distribuían hacia distintos puntos de Córdoba, San Luis, Puerto Madryn e incluso Chile, donde el valor de la cocaína se multiplicaba varias veces. Para poder insertar el dinero que obtenían, habían montado un fenomenal lavadero de dinero.

Oyarzábal, imputado como partícipe necesario de esta mega banda, acordó una pena de cuatro años y 10 meses de prisión. Su segunda condena.

En total, hubo 18 condenados, en lo que se trata de una de las investigaciones por narcotráfico más importantes en la historia de la Justicia federal de Córdoba. Si bien la mayoría de los acusados quedó a las puertas de recuperar la libertad apenas se firmó el acuerdo de juicio abreviado, ya que las penas no fueron abultadas, el fiscal Carlos Gonella destacó el golpe al corazón financiero de la banda que la sentencia también generó.

El inventario no deja de asombrar.

Se incautó la vivienda de calle Laprida frente a la cual asesinaron a Torres, un domicilio de calle Leyes Obreras 359, también en Río Cuarto, tres departamentos en el condominio Alma, en Sarmiento 250, el complejo de cabañas “Paraíso Escondido”, en Alpa Corral y un amplio terreno en Villa Dalcar.

Los narcos también perdieron 33 vehículos: dos Audi, un BMW, un Peugeot 408, un VW Sirocco, un VW New Beetle, un Citroën C4, un Fiat Linea, un Volkswagen Bora, un Renault Fluence, un Fiat Linea, un VW Polo, un Fiat Palio, un VW Fox, un VW Gol, tres Ford Ranger, dos Toyota Hilux, una VW Amarok, tres VW Saveiro, una Fiat Strada, una Fiat Toro, una Ford Ecosport, dos furgones Mercedes Benz Sprinter y cuatro motos.

Y se secuestraron 2.851.660 pesos en efectivo, 87.929 dólares, 20 euros, 30 reales, 21 mil pesos chilenos, 16 mil guaraníes y 20 pesos bolivianos, además de joyas y aparatos electrónicos de todo tipo y valor.

Todo demasiado ostentoso para que nadie se haya dado cuenta antes.

Ahora, semejante volumen será puesto a disposición de organizaciones sociales del sur provincial.

Traiciones

"Desconfío de todos los que están involucrados (en la causa de narcolavado). Fue una traición”, dijo a la prensa, meses después del crimen, la hija del Zar, Claudia Torres.

Y entre las varias sospechas que sembró, apuntó a Bossi, quien resultó ileso en la balacera. El joven, oriundo de Puerto Madryn, había conocido a Torres en una cárcel del sur del país. Allí trazaron una amistad que los llevó a vivir juntos en Río Cuarto cuando volvieron a la libertad. Una relación que parecía inquebrantable, pero que no superó las últimas grietas.

El tiempo le terminaría por dar la razón a la hija del Zar. El pasado viernes 13 de este mes, cuando los abogados aún brindaban con sus defendidos por el acuerdo del juicio abreviado en la causa por narcolavado, el fiscal provincial Fernando Moine decidió patear el tablero.

Ordenó imputar y detener a cuatro sospechosos por el crimen de Torres. Se trata de tres de sus exsocios (Cristian Fabián Ortiz, Mariano Rivarola -aun presos- y Jonathan Nicolás Palacios -había recuperado la libertad a fines de abril-) y un cuarto acusado, Néstor Nicolás Robledo, oriundo de Rosario y detenido en la cárcel de Villa María, donde cumple una condena de cinco años de prisión por transporte de estupefacientes.

El fiscal trazó un rompecabezas a partir de los datos aportados por los investigadores de Homicidios de Río Cuarto y un análisis de teléfonos y antenas efectuado por la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO), de la Policía Judicial.

"Homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y alevosía", es la carátula penal que firmó Moine. Traducido: un asesinato por encargo.

¿Qué se sospecha? Una doble traición al interior de la mesa chica de la banda narco. Primero, a Torres sus socios lo acusaron de una mejicaneada: haber juntado el dinero para comprar cocaína en Rosario, para finalmente sacar la droga al "fiado". Una deuda que luego saldría a la luz cuando los proveedores, vinculados a la poderosa banda narcocriminal "Los Monos", comenzaron a exigir el dinero.

"El grupo inversor compraba al por mayor y luego revendía. Algunos de ellos, como Ortíz, invertía en droga el dinero que obtenía en robos. Y cuando se dieron cuenta de que Torres no estaba siendo leal con el dinero, comenzaron a pensar en sacárselo de encima. Por eso, comenzaron a buscar sus propias 'líneas' para traer la droga, porque Torres se creía intocable porque él tenía su propia logística y los mejores contactos", agregó una fuente judicial a Cadena 3.

La pista de "Los Monos" retumba en esta hipótesis. El nombre de Robledo no es menor, ya que se trataría del nexo con la banda que sembró el terror en Rosario. 

Incluso, en la investigación surgen datos que vincula a los ahora imputados en una reunión en Rosario donde se habría planeado la ejecución de Torres y, sobre todo, se habría decidido la contratación de los sicarios. Mano de obra especializada en matar que aún no ha sido identificada en esa causa.

Policiales ilustrados

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