Corrupción carcelaria: un solo fiscal podría investigar las muertes violentas

El impacto ha sido notable. Las 302 páginas de la resolución en la que el fiscal Enrique Gavier ordenó la prisión preventiva contra el ahora exmandamás de las cárceles de Córdoba, Juan María Bouvier, dejó al descubierto una presunta corrupción estructural como nunca antes se había contado desde la Justicia provincial.

No sólo se trata de una gruesa acusación contra Bouvier, quien fue el jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba durante 15 años, sino que este expediente también terminó por convertirse una cruda descripción de lo peor en los penales de Córdoba.

Bouvier, su pareja Silvia Guadalupe Barbero, Víctor Hugo Vivas, Darío José Tello Pajón y Héctor Hugo Robledo, todos con altísimos cargos hasta fines del año pasado en el Servicio Penitenciario está acusados por Gavier de haber conformado una asociación ilícita en la que prácticamente todo tenía un precio en el interior de las cárceles. Junto a ellos, en otras causas conexas, aparece otro grupo de jerárquicos conformado por Sergio Alejandro Guzmán, Andrés Américo Aciar, Néstor David Gómez y Edgar Ezequiel Arroyo.

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Gavier enumeró una serie de delitos: un "tarifario tumbero" donde todo tenía un precio (desde el ingreso de celulares hasta los traslados a otras cárceles); la sospecha de que se adulteraban cursos para engañar a los jueces de Ejecución Penal, al igual que con los informes internos que avalaban o no que un recluso sea llevado a otra penitenciaría; la presunción de que los jefes penitenciarios además habían montado una red de espionaje dentro del Ministerio de Justicia, el Tribunal de Conducta e incluso Tribunales 2; y la falta de atención a la salud física y emocional de los reos, entre otros varios puntos.

Sobre este último aspecto, en la resolución Gavier hizo referencia a los presos que murieron en los últimos tiempos adentro de las cárceles de Córdoba. "La integridad psicofísica de los internos no es ninguna prioridad para la institución, tan así que existen severos episodios de muertes de etiología dudosa que han sincerado de la peor forma esta realidad", acusó.

En ese sentido, hizo referencia explícita a 10 internos que murieron en episodios que aún se investigan en otras fiscalías bajo hipótesis de torturas o falta de atención médica a tiempo; además de otros 10 detenidos que aparentemente se suicidaron en sus celdas.

"Es espeluznante, tan estremecedor que cuesta entender cómo es que no se adoptaron medidas para contener psicológica y físicamente a los internos", finalizó Gavier.

Sobre este punto, la abogada Giselle Videla, que trabaja en la querella de dos causas en la que se investiga violencia en el interior de las cárceles de Córdoba indicó a Cadena 3 que ve con buenos ojos que los casos de muertes en contexto de encierro se puedan investigan en una misma fiscalía.

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Videla es una de las abogadas que representa a la familia de Ezequiel Castro, un joven que murió el 16 de junio de 2022 luego de haber sido detenido ocho días antes en barrio Cerro Norte. Desde entonces, su familia denuncia que fue víctima de golpes y maltratos que derivaron en su fallecimiento.

La abogada también forma parte del equipo de letrados que asesora a la familia de Matías Mariño, un joven de barrio Villa Revol que en septiembre de 2022 fue detenido en circunstancias que aún no están claras y terminó detenido en el Centro Psico Asistencial (CPA). Allí, 16 días después, se ahogó mientras comía pan, lo que le provocó dos paros cardiorrespiratorios que le ocasionaron una gravísima lesión neuronal. En los últimos días, el fiscal Raúl Garzón decidió imputar a tres médicas psiquiátricas del CPA, a las que acusó de lesiones culposas.

"Las manifestaciones recientes del fiscal Gavier en torno a la cantidad de fallecimientos de internos y de cuestiones dudosas dentro del Sistema Penitenciario de Córdoba no es algo que nos sorprenda, quizá por el trabajo que venimos realizando en las querellas tanto de la causa de Ezequiel Castro como de Matías Mariño. Hace tiempo que socialmente se viene expresando y reclamando por la situación de la violación de los derechos humanos en contexto de encierro, como la falta de atención a la salud en situaciones de urgencia", enfatizó la abogada Videla. 

Y completó: "En estas causas que tienen patrones en común -por ejemplo, hay imputados en un caso que pueden ser sospechosos en otros- creemos que la investigación conjunta puede beneficiar no sólo para una mayor agilización de los procesos, sino también para que tengan más visibilidad".

Al respecto, desde el Servicio Penitenciario de Córdoba se apuntó que tanto en los casos de Castro como en el de Mariño "prácticamente no hubo intervención de los guardias". 

"Tras ser detenidos fueron llevados directamente al CPA, que si bien está en el mismo predio que la ex-UCA, depende del Ministerio de Salud y no del Servicio Penitenciario. Los guardias allí sólo hacen guardia externa y, en todo caso, acompañaron a los detenidos cuando fueron internados en el Misericordia, que está casi al frente", apuntó una alta fuente.

Informe de Juan Federico.