El robo de medicamentos en el Neonatal, otra clave del espanto

Brenda Agüero (27) rompió el silencio. Lo hizo este miércoles, cara a cara con el fiscal Raúl Garzón, quien la mantiene detenida desde el 19 de agosto último, acusada de lo peor: haber asesinado de manera intencional, inyectándole alguna sustancia, a dos bebés recién nacidos.

El contexto es aún más espantoso: Garzón tiene que determinar cómo murieron al menos cinco bebés recién nacidos y otros ocho resultaron con graves lesiones internas entre marzo y junio de este año.

Muertes realizadas de manera intencional, aunque todavía no se sabe cómo ni por qué: homicidios, mala praxis, falla en medicamentos y vacunas... nada se ha confirmado ni descartado aún.

La causa sólo tiene dos autopsias, de dos bebés muertos el 6 de junio. En el resto de los casos, el hospital nunca los judicializó, por lo que no se podrá determinar la causa fehaciente de la muerte.

En una de las dos autopsias se detectó un registro anormal (muy superior) de potasio, lo que hace presumir que al bebé le inyectaron esta sustancia de manera intencional.

En la segunda autopsia, no se logró precisar el registro de potasio.

No aparece todavía un patrón en común ni mayores datos que fortalezcan alguna hipótesis sobre cómo fue la mecánica de estos casos.

Por eso, el fiscal Garzón ya imputó a tres directivos del Neonatal (la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, a la exjefa del Servicio de Neonatología, Marta Gómez Flores, y de Adriana Morales, a cargo del Departamento de Neonatología) y analiza ampliar las acusaciones a más funcionarios provinciales. Se sostiene que la demora inexplicable del Ministerio de Salud para dar aviso a la Justicia terminó por atentar, hasta ahora de manera crítica, contra la investigación para revelar la verdad detrás de toda esta historia.

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Al mismo tiempo, Garzón avanzó en la imputación y la detención de la enfermera Agüero. Se llegó a ella a través de un informe interno del propio Ministerio de Salud que la sindicaba trabajando en el hospital en todas las jornadas en las que hubo bebés muertos o con lesiones severas.

Un universo de casos construido por el propio Ministerio.

Sobre la coincidencia de Agüero en esas jornadas, fuentes judiciales indicaron que ella no sería la única empleada que trabajó en todos esos días, sino que habría al menos otras cinco personas que también estuvieron con ella en el hospital en las mismas fechas. El dato, en caso de confirmarse, no es menor.

Agüero estaba asignada al servicio de obstetricia: o sea, no asistía a los bebés, sino a las madres, en la sala de recuperación.

A esto se lo dijo al fiscal Garzón este miércoles, cuando fue trasladada desde la cárcel de Bouwer hacia Tribunales 2. Por la complejidad del caso, el fiscal pidió tomar él en persona la declaración indagatoria.

Primero, le leyó la acusación. Y si bien se pensaba que Agüero se iba a abstener de declarar -por consejo de sus abogados Luis Pareja y Luis Obregón-, decidió hablar. Y lo hizo durante dos horas y media.

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"Quiero que me escuche", fue lo primero que le dijo a Garzón. Y contó que salvo momentos muy excepcionales, ella no tenía contacto con los bebés, que no manipulaba jeringas, que en cada parto hay un médico, enfermeras, practicantes de Medicina y de Enfermería y dos "douglas" (acompañantes terapeutas paras las parturientas).

Pero fue más allá: dijo que en abril de 2021, o sea, hace bastante más que un año, ella advirtió que un bebé había sufrido tres pinchazos "muy extraños" en forma de "v", según observó en una foto que le envió una compañera. Desde entonces, dijo, no dejaron de producirse eventos "muy raros" en el Neonatal, lo que hizo que con el correr del tiempo los empleados comenzaran a trabajar con temor. Por eso, ella pidió primero un cambio de área y en abril y mayo de este año buscó regresar a su anterior trabajo en el sanatorio Allende y dejar el Neonatal.

Pero esto no fue todo. Agregó que ella había denunciado a su superiora dos robos muy llamativos: en la llamada "caja de paro" y en la "caja de legrado". Se trata de dos recipientes con los medicamentos necesarios para trabajar en caso de emergencias dentro de las salas de parto. Cuando le pidieron que las revisara, detectó que una estaba vacía por completo, mientras que la segunda tenía un 95 por ciento de faltante. "No había adrenalina, se la robaron", denunció ante Garzón.

Sin embargo, agregó Agüero, el área de Farmacia del hospital no reponía la medicación que había desaparecido porque ningún médico hacía el pedido por escrito.

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El dato pone bajo una enorme lupa a la Farmacia del hospital. Cuando el viernes 19 de agosto los policías fueron a allanar esa dependencia, les llamó la atención cómo dos empleadas entraron en contradicción entre ellas al indicar dónde se guardaba la insulina, según apuntaron fuentes que participan de la investigación.

Se cree que el escenario del Neonatal con el que los investigadores judiciales se han topado ahora lejos está de coincidir sobre las condiciones del hospital al momento de las muertes de los bebés.

Tanto este presunto robo de medicamentos, como la sospecha de que los bebés murieron porque alguien les aplicó potasio de manera intencional deja al descubierto un llamativo descontrol interno. Se supone que en todo centro de salud debe existir un puntilloso seguimiento de cada medicamento que se utiliza, un aceitado sistema de trazabilidad que permite detectar casi en el momento cualquier desviación, robo o uso inadecuado. Está claro que esto no sucedió en la Farmacia del Neonatal. ¿Existe acaso un tráfico de medicamentos? ¿Pudo alguien haber introducido medicamentos adulterados para intentar encubrir un robo? Todos estos interrogantes ahora también se suman a una investigación que ya es por demás compleja.

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Pero esto no es todo. El jueves, el abogado Martín Carranza Torres pidió constituirse como querellantes en la fiscalía de Garzón, en esta misma causa. Representa a Valentina Pereda, madre de Cataleya, una beba que murió al nacer en el Neonatal, en septiembre de 2021. 

Carranza Torres aseguró que nunca quedó en claro cómo fueron las circunstancias del deceso, que el hospital desalentó cualquier investigación judicial y que incluso van a solicitar un examen de ADN porque hasta dudan de que la criatura enterrada sea la hija de ella. 

La presentación tiene un doble impacto, ya que amplia el universo de casos sospechosos, además del período.