Imputan a operadora de las cámaras de la Policía por avisar a los delincuentes

Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Córdoba. En las últimas horas, una joven operadora de las cámaras del 911 fue imputada de "violación de secreto": está acusada de brindar información sensible al integrante de una megabanda dedicada al robo de vehículos en la provincia.

La información que fue revelada este viernes por Cadena 3 (luego hubo un comunicado oficial de la Policía) ha generado una doble alarma al interior de los tribunales de Córdoba, ya que se supone, por ley, que la información que se registra en las cámaras oficiales es confidencial y que de ninguna manera puede salir de ese recinto sin una orden judicial. Y, de manera paralela, vuelve a poner en discusión cómo es el mecanismo de selección de los operadores para tan sensible función. 

De acuerdo a la ley 9380 que regula la utilización de las imágenes/sonidos receptadas por videocámaras instaladas en la vía pública, "los responsables de la operación de videocámaras y otros equipos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y confidencialidad de las imágenes, sonidos y datos por ellas obtenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado". "Cualquier persona que -en razón del ejercicio de sus funciones o de un modo accidental- tenga acceso a las imágenes, sonidos y datos que regula la presente ley, deberá observar absoluta reserva y confidencialidad", se indica en el artículo 9.

Algo que, en esta situación, según la investigación judicial, lejos estuvo de suceder.

Se trata de una compleja causa que se originó a raíz de la denominada "Operación Hidra", una investigación por el robo de vehículos en Córdoba que a fines de mayo último permitió desbaratar una megabanda con ramificaciones en diversas provincias del país. 

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Al abrir el celular de uno de los detenidos, los sabuesos de Sustracción de Automotores de la Policía cordobesa descubrieron que a través de WhatsApp este acusado mantenía sugestivos diálogos con una joven que hasta este jueves trabajaba en el 911 de la Policía, controlando las cámaras de seguridad. De inmediato se puso en conocimiento de esta situación al fiscal Rubén Caro, quien tiene una competencia especial para investigar esta clase de bandas dedicadas al robo de vehículos en gran escala.

Según trascendió, la funcionaria pública tiene 20 años e ingresó como contratada hace más de 18 meses. No tiene estado policial, sino que es civil. Aún no está en claro cómo fue el mecanismo por el que resultó seleccionada, aunque ya trascendió que es hija de una policía.

Ayer, cuando fue allanada en su domicilio de barrio San Francisco, en la zona sudoeste de la ciudad de Córdoba, en la vivienda estaba un subcomisario en actividad, cuyo vínculo con la joven también ahora se analiza.

De acuerdo a los datos recopilados por Cadena 3, en los chats el ahora detenido acusado de integrar esta megaorganización dedicada al robo de vehículos le preguntaba a la operadora de las cámaras si funcionaba un domo ubicado en una esquina de barrio Residencial Santa Ana, a lo que ella le respondió de manera afirmativa. 

En otro diálogo, le volvió a preguntar sobre otro domo ubicado en Alto Alberdi, a lo que la funcionaria le indicó que sólo apuntaba sobre una de las dos arterias de esa esquina, indicándole sobre cuál tenía la mira. En ese mismo chat, le agregó que ante la próxima consulta él le debía pagar a ella con un "porro" (cigarrillo de marihuana).

Pero hay más. En otro diálogo, el imputado le preguntó sobre un domo más de esa misma zona, a lo que ella le indicó que estaba funcionando y que por ahí no debía circular. Acto seguido, él le pidió que otro domo fuera enfocado sólo hacia una dirección en particular y, por último, le solicitó que no "bata la cana" (lo denuncie), a lo que ella contestó que a eso "jamás" lo iba a hacer. O sea, le prometía impunidad mientras le daba datos confidenciales sobre qué observaban y cómo funcionaban los domos policiales, según se entiende en la investigación.

En la causa se sostiene que hay "abundante" información en ese mismo chat. Un día que la joven no estaba trabajando, el imputado le preguntó sobre una filmación específica, a lo que ella le respondió que ese día no había ido a la Central de Monitoreo, porque estaba de franco, pero que cuando sea su turno se iba a fijar ya que dijo tener acceso "a todo".

Además de pedirle marihuana en reiteradas ocasiones, la operadora le ofreció a su interlocutor venderle un kilo de la misma droga.

Ante estas referencias, se abrió una causa paralela en el Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, ya que el fiscal Caro remitió allí la parte de los diálogos en los que hay alusión directa a los estupefacientes.

Pese a la gravedad que supone la filtración de información que se supone reservada, la acusada no quedó detenida, ya que el artículo 156 del Código Penal sólo establece que será reprimido con multa e inhabilitación especial "el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar un daño, lo revelare sin justa causa".

Luego de producirse el allanamiento de su vivienda y de que fuera notificada de la imputación que pesa en su contra, también se dio participación al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, que ordenó que la joven fuera apartada mientras continúa la investigación en su contra.

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