La defensa de Bouvier reclamó como testigos a ministros y jueces

Un fuerte revés judicial sufrió el hombre que durante 15 años comandó los destinos de las cárceles de Córdoba, Juan María Bouvier, luego de que en las últimas horas el juez de Control N° 7 Milton José Peralta ratificara la prisión preventiva ordenada por el fiscal Enrique Gavier. El funcionario judicial investiga una presunta megaorganización corrupta que durante años habría generado, desde las altas esferas del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), todo tipo de negociados.

Hasta que fue detenido en su despacho oficial ubicado en las oficinas de calle Entre Ríos, el pasado 12 de diciembre, Bouvier ostentaba uno de los récords más difíciles a nivel gubernamental en Córdoba: era uno de los dos funcionarios públicos que más tiempo había permanecido en el mismo cargo.

Desde hacía 15 años, Bouvier se sentaba en el máximo sillón del SPC con una premisa: evitar nuevos motines como el que asoló la penitenciaría de barrio San Martín en febrero de 2005.

La sospecha judicial es impactante: para asegurar que los presos no se amotinaran de nuevo, en el interior de las cárceles cordobeses se fue gestando una suerte de “paz extorsiva” que consistía en una serie de beneficios para los “plumas”, como el ingreso de celulares prohibidos, la alteración de los informes internos de conducta y cursos, visitas fuera de los horarios permitidos y el comercio intramuros de drogas, entre otras cuestiones.

El llamado “call center tumbero”, la infernal proliferación de todo tipo de estafas telefónicas y virtuales que nacen de las penitenciarías de Córdoba con impacto en todo el país, es la muestra más patética de este “descontrol controlado”, según se sospecha.

En la acusación, Gavier sostiene en base a la prueba acumulada que hasta fines del año pasado (Bouvier fue detenido en su oficina en diciembre último), había una verdadero "tarifario tumbero":

Ser “pluma” (jefe) de un pabellón: 1.200.000 pesos por seis meses, debiendo abonar cada mes 600 mil pesos.

Ingreso de un celular de alta gama: 600 a 800 mil pesos.

Un celular de media gama: 500 mil pesos.

Traslado a otro establecimiento carcelario: 400 mil pesos.

Resguardo de integridad física: 250 mil pesos.

Visita privada: 180 mil pesos.

Atención médica: 150 mil pesos.

Ingresar un elemento cortante: 25 a 50 mil pesos.

No revisar las encomiendas que le enviaban a los presos: 15 a 20 mil pesos.

Una videollamada: 15 mil pesos.

Una hoja de marihuana: 8 mil pesos.

Chips: 5 mil pesos.

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En la causa principal por asociación ilícita, junto a Bouvier quedaron con prisión preventiva su pareja y también funcionaria del SPC, Guadalupe Barbero, Darío José Tello Pajón, Víctor Hugo Vivas, Diego Martín Ayala y Héctor Hugo Robledo.

A este primer grupo se le agregaron, a comienzos de septiembre último, cuatro jefes más: Cristian Namur, José Gustavo “Caña” Heredia, Ramon Sayavedra y Marcelo Chávez. Namur era hasta ser detenido el director de Seguridad del Servicio Penitenciario, en la nueva gestión encabezada por Verónica Funes.

En realidad, el fiscal Gavier tiene varias causas conexas, con la misma trama: corrupción en la cárcel de Cruz del Eje, con sus principales jefes detenidos junto a abogados y empleados del Ministerio de Seguridad de la Provincia; un inmenso “call center tumbero” en el penal de Villa María, con jefes y “plumas” complotados en la misma línea de la jefatura ilícita; y un ingreso desbordado de celulares en la cárcel de Bouwer, entre otros expedientes.

Este miércoles, tres guardiacárceles fueron detenidos, elevando a más de 20 la nómina de empleados del SPC que hoy están tras las rejas. Gavier sospecha que estaban complotados junto a una enfermera y otra guardia que en junio pasado fueron sorprendidas cuando pretendían ingresar celulares a los pabellones.

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En las últimas horas, tras analizar las oposiciones a las prisiones preventivas que presentaron los defensores de Bouvier y los otros cinco imputados en la llamada “causa madre”, el juez de Control Peralta resaltó que los acusados debían permanecer tras las rejas ya que en libertad aún pueden entorpecer la investigación.

“Conforme la hipótesis fiscal, se trataría de una organización criminal de gran envergadura, conformada por funcionarios del SP, que habrían utilizado la posición jerárquica en la estructura penitenciaria para lograr beneficios económicos mediante la exigencia de dinero a los reclusos (grupo poblacional especialmente vulnerable), a cambio de ciertas gestiones vinculadas a su tránsito penitenciario. Estas circunstancias revelan que se trataría de una organización criminal especialmente preparada, con una gran cantidad de recursos y capacidades para llevar a cabo su actuar delictivo. Esta ‘especial preparación y gran capacidad’ podrían ser utilizadas ahora por los imputados para entorpecer la investigación o darse a la fuga”, subrayó el juez.

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De acuerdo a la investigación que lidera Gavier, Bouvier habría montado una asociación ilícita que no sólo buscaba un rédito económico directo, sino que pugnaba por hacerse de todo un esquema de poder. El SPC depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

Al permanecer tantos años al frente de las cárceles, Bouvier habría logrado el ingreso de familiares y conocidos, además de asegurarse que posibles competidores internos fueran pasados a retiros. Un esquema, se sospecha, que a mediano y largo plazo le brindaba un fuerte beneficio.

Justamente esta larga permanencia en el mismo cargo fue utilizada, ahora, por el abogado defensor de Bouvier, Alejandro Pérez Moreno, para solicitar que se tengan en cuenta las opiniones de los sucesivos ministros que lo avalaron durante 15 años.

Entre otros, Bouvier tuvo como superiores a Luis Angulo (hoy en el Tribunal Superior de Justicia), a Martín Farfán, a Laura Echenique y a Julián López (está en su segundo período al frente de este ministerio).

En ese sentido, Pérez Moreno puntualizó, en la oposición presentaba, que el fiscal Gavier no había tenido en cuenta “que Bouvier fue designado Jefe del SPC en 2008 y que se mantuvo en el cargo durante largos quince años pasando por (…) distintas gestiones”.

En ese sentido, el defensor efectuó un resumen de las personas que ocuparon cargos en el Ministerio de Justicia y demás reparticiones especialmente vinculadas con el funcionamiento del SPC. Y resaltó que Bouvier mantuvo un trato fluido y diario con diversos magistrados y funcionarios judiciales. Ante esto, Pérez Moreno remarcó “que ninguno de ellos jamás advirtió que Bouvier tuviera una actitud o conducta destinada a devastar el SPC”. Y señaló que la fiscalía no citó a declarar a ninguna de aquellas personas.

Dijo, en el escrito, que sostener lo contrario implicaría afirmar que estas personas le “habrían permitido a Bouvier actuar como patrón de estancia y en detrimento del SPC y para favorecerse económicamente”. Siguiendo esa misma línea, argumentó que no resulta lógico que quienes le daban directivas (políticas y jurisdiccionales) no hayan controlado su cumplimiento. Señaló que el SPC no solo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, sino que representa una “célula neurálgica” de esa cartera.