La densa trama que asoma detrás del escándalo por las habilitaciones truchas

"Acá el fiscal pateó un hormiguero enorme". De esta manera, un avezado investigador con muchos años de calle en la ciudad de Córdoba resumió el impacto de las siete detenciones que el martes último ordenó el fiscal Guillermo González en el marco de una compleja investigación por la adulteración de certificados de Bomberos esenciales para la habilitación de negocios.

Una causa judicial que por ahora tiene detenidos a policías (todos los bomberos involucrados son agentes de la fuerza) e ingenieros. Y en la que no se descarta que pueda haber existido connivencia con empleados de la Municipalidad de Córdoba, según indicó el ayudante fiscal de Delitos Económicos Pablo Bazán.

Los siete detenidos hasta ahora son: el bombero policial Marcos Fernando Luquez, los exbomberos Julio Zárate y Eduardo Rivadero, el policía Leonardo Gorosito (lo acusan de haber oficiado de "gestor"), los ingenieros Rafael Calama y Mario García, y el técnico en Gestión Ambiental Roque Javier Olmedo (serían los profesionales detrás de la firma).

"Estas personas habrían integrado una organización delictiva que se dedicaba a la confección y provisión de estos certificados de habilitación de bomberos falsos que daban cuenta de que diversos establecimientos estaban en condiciones de ser habilitados, ya que estos certificados son un requisito indispensable para lograr la habilitación municipal de un establecimiento comercial", indicó el funcionario judicial

Se sospecha que la organización ofrecía, a través de una gestoría, "Mega Servicios", elaborar informes truchos de Bomberos para lograr los certificados esenciales para tener la habilitación municipal de negocios.

Pasos

De manera simple, siempre según lo que se ha investigado hasta ahora, la maniobra tenía múltiples variables.

-Por un lado, reclutaban a aquellos que no lograban pasar los controles oficiales de Bomberos en el marco de un proceso de habilitación. Estos comerciantes, antes que adecuar sus negocios, preferían pagar una suerte de "coima" a través de esta "gestoría" que se habría encargado de elaborar el certificado de aprobación.

-Había casos en que los comerciantes, con los plazos próximos a vencer en cuanto a la habilitación municipal, y atentos a que debían realizar engorrosos trámites, varios de ellas con trabas burocráticas, acudían a esta "gestoría" que les ofrecía lograr las habilitaciones de manera exprés. ¿Sabían los comerciantes que los gestores iban a utilizar métodos ilícitos? La pregunta aún no encuentra una respuesta concreta en la fiscalía de González, aunque ya hay un dato: entre los siete detenidos, figura un empleado administrativo de una reconocida cadena de supermercados.

-En algunos casos, se descubrió que directamente en las carpetas que luego aprobaba la dirección de Habilitación de Negocios de la Municipalidad de Córdoba se introducían certificados aptos de Bomberos que eran apócrifos, con firmas de funcionarios que jamás habían participado de ningún tipo de control.

-Pero en otros expedientes bajo análisis judicial, se comprobó que en realidad los certificados eran reales, pero habían tenido un llamativo tratamiento exprés en Bomberos.

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¿Cuánto cobraban por cada una de estas maniobras? Los informes apuntan a sumas que oscilan entre los 100 mil y los 500 mil pesos, pero en realidad se trataba de una tarifa "proporcional" a la inversión real que debía realizar cada comerciante en caso de que hubiesen intentado adecuar los locales a las exigencias oficiales.

Desde cuándo

La denuncia, tal como adelantó Cadena 3 hace un año, fue presentada por dos exjefes de Bomberos junto a un comisario inspector que hasta entonces estaba en funciones (luego, fue pasado a retiro forzoso). 

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"La sospecha: una red dedicada a elaborar certificados de habilitación apócrifos. Un negocio que se presume fenomenal y que llevó al fiscal Rubén Caro a ordenar una serie de allanamientos a principios de este mes", se informó el pasado 19 de septiembre de 2022, cuando esta causa por primera vez se reveló de manera pública.

"Procedimientos -se agregó- que impactaron en lugares claves: el cuartel 1 de la Dirección de Bomberos (en calle Mariano Moreno al 200) y de la Policía y las dependencias municipales de Habilitación de Negocios, Seguridad e Higiene y Evaluación del Impacto Ambiental. En total, los policías de la división Delitos Económicos ejecutaron 23 allanamientos. Además de estas oficinas públicas, también hubo operativos en la sede de una importante empresa cordobesa (cuyo nombre aún no trascendió) y diversos domicilios privados de la zona norte, sur y Centro de la ciudad".

Lo extraño es que la organización, según sostiene la fiscalía, continuó funcionando desde entonces. 

¿Por qué la Municipalidad de Córdoba, cuyas dependencias habían sido allanadas, no comenzó a sanear esta cuestión desde aquel momento? Se trata de uno de los grandes interrogantes que desvela a los investigadores. 

¿Hubo complicidades dentro de la Municipalidad? Desde el martes, cuando estalló el escándalo, hasta el mediodía de este jueves, desde el Palacio 6 de Julio intentaron esquivar cualquier respuesta oficial al respecto. A través de voceros informales, dejaron trascender que analizaban pedirle al fiscal que dejara ingresar al municipio en la causa como querellante. O sea, como víctima de esta trama. En la fiscalía dudan: si todavía no se pueden descartar complicidades, aún es prematuro para hablar de "víctimas".

Esta idea fue ratificada por el viceintendente Daniel Passerini, quien cerca de las 13 del jueves se refirió por primera vez a la investigación.

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La denuncia inicial señalaba a 22 supermercados que habrían sido habilitados de manera fraudulenta. Un año después, la investigación ya tiene 50 establecimientos apuntados bajo el mismo modus operandi, de distintos rubros comerciales. En los últimos meses, apuntaron las fuentes, se agregaron varios boliches bailables en la lista de lugares que habrían sido habilitados con certificados dolosos, según se sospecha. 

El dato no es menor: a las suspicacias que desde hace años se acumulan detrás de los controles municipales en el área de Espectáculos Nocturnos se agrega ahora la posible precariedad de las habilitaciones de estos lugares.

Por eso, el fiscal González -que puso a un equipo especial de Delitos Económicos a investigar- comparó esta situación con potenciales tragedias como la ocurrida hace dos décadas en el boliche porteño de "Cromañón". 

La causa avanza, por el momento, en lo ocurrido en los dos últimos años. Pero experimentados comerciantes de la ciudad de Córdoba ya comenzaron a dejar trascender que en realidad este tipo de "certificados exprés" hace muchos años que se vienen ofreciendo por lo bajo.

Especialista

En la investigación no deja de llamar la atención que estos certificados truchos se le hayan filtrado a una Municipalidad que tiene a un especialista en el tema entre sus funcionarios. 

Se trata del actual jefe de la Dirección General de Seguridad, Defensa Civil, Capacitación y Emergencia Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Gustavo Folli. Exsubjefe de la Policía de Córdoba y exjefe de Bomberos, por su experiencia conoce de sobra cómo se deben habilitar los negocios para intentar antenuar los riesgos de incendios. 

Folli es un nombre que suena mucho al momento de ordenar las piezas en el nuevo organigrama de Seguridad que se espera para Córdoba a partir de la asunción en diciembre de Martín Llaryora como gobernador. 

Se sabe que es un hombre que el círculo más cercano al actual intendente capitalino escucha con atención en cuanto a la conformación de la Policía y de otros aspectos relacionados a la seguridad. 

Un área que Llaryora definió como clave en su próximo gobierno y que ya ha generado una disputa abierta entre diversos funcionarios de tercera línea que aspiran a liderarla. 

En las últimas horas, comenzó a correr el rumor de que en medio del escándalo el municipio estaría analizando quitarle a Bomberos de la Policía la certificación de las normas esenciales de seguridad contra incendios que deben tener los negocios antes de ser habilitados. Que esta tarea podría pasar a manos exclusivas de los empleados municipales.

"Sería darle más poder a los mismos empleados que después controlan la noche en Córdoba; los bomberos hoy son los mejores preparados para este tipo de tareas, por eso es importante que la investigación avance para poder quitar a los corruptos del medio", resaltó un especialista que sigue toda la trama desde muy cerca.

Y resaltó: "Para evitar que se creen estos nichos de corrupción, siempre es vital que existan controles cruzados entre las diversas partes que intervienen en todo el proceso".