La historia jamás contada detrás del crimen policial

El 2 de julio de 2020, los jueces de la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba (Juan Manuel Ugarte, Marcelo Jaime y Eugenio Pérez Moreno) firmaron una de las sentencias más duras en la historia judicial reciente de la provincia. 

Tres ladrones fueron condenados a prisión perpetua y otros dos cómplices recibieron varios años de prisión acusados de haber integrado la banda que cometió el golpe en Nueva Córdoba, el asalto que terminó en una infernal balacera en el verano de 2018 y que derivó en el asesinato del joven policía Franco Ferraro. En ese tiroteo, dos delincuentes, Ricardo Serravalle y Rolando Ricardo "el Ciego" Hidalgo terminaron abatidos.

Pero en aquel fallo, los jueces no sólo se quedaron a contar vainas servidas. Sino que fueron más allá y plantearon un duro reproche al interior de la Policía de Córdoba. En concreto, señalaron fuertes falencias en la formación y capacitación de los uniformados.

"Se deberá oficiar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a fin de que, con carácter de muy urgente, arbitre los medios pertinentes para que se proceda a la correspondiente capacitación del personal policial acerca: a) de su debida protección en sucesos como el aquí juzgado; b) al manejo de la escena del crimen; y c) específicamente, a la adecuada preservación de evidencias; para evitar que en el futuro se repita lo advertido en el presente proceso", apuntaron los jueces.

Y añadieron: "Ello así, toda vez que en la concreta aplicación de los conocimientos teórico/prácticos que ya posee el personal de la Policía de nuestra Provincia, han quedado evidenciadas en los presentes obrados, falencias en su intervención profesional en su rol de auxiliar colaborador del Ministerio Público Fiscal, en su deber de actuar en la investigación de los delitos de acción pública".

Falencias que ya habían sido advertidas durante la instrucción por el fiscal Rubén Caro.

La respuesta oficial llegó 24 horas después, el 3 de julio de 2020: "No hay nada que rever".

El sábado 4 de julio, José "Beco" Ávila fue asesinado por policías en Villa El Libertador, de la ciudad de Córdoba, en medio de un control por la cuarentena que terminó en una justificación. Tras dispararle por la espalda, los agentes se fueron y nunca avisaron a nadie de lo ocurrido. Ahora, dos uniformados están siendo juzgados. En ese momento, el ministro de Seguridad era Alfonso Mosquera, el jefe de la fuerza Gustavo Vélez y la jefa de Recursos Humanos, Liliana Zárate.

Un mes después, en los primeros minutos del 6 de agosto de 2020, Valentino Blas Correas (17) fue asesinado de un balazo que le ingresó por la espalda cuando policías apostados en un control en la avenida Vélez Sársfield, de la ciudad de Córdoba, abrieran fuego contra el vehículo en el que el joven viajaba junto a cuatro amigos. Los agentes dirían luego que dispararon porque el conductor no frenó. En la zona, se encontró un arma que fue "plantada" para intentar desviar la investigación. Trece policías empezarán a ser juzgados en septiembre próximo. En ese momento, el ministro de Seguridad era Alfonso Mosquera, el jefe de la fuerza Gustavo Vélez y la jefa de Recursos Humanos, Liliana Zárate. Tras el crimen, Zárate pasó a ser la jefa de Seguridad Capital y a su lugar en Recursos Humanos lo ocupó Julio Faría.

El 25 de octubre siguiente, policías dispararon contra un grupo de jóvenes que estaba reunido en una plaza de Paso Viejo, una pequeña población del norte cordobés. Joaquín Gabriel Paredes (15) murió alcanzado por un balazo oficial. Seis policías deben ir a juicio. En ese momento, el ministro de Seguridad era Alfonso Mosquera, el jefe de la fuerza Gustavo Vélez y el jefe de Recursos Humanos, Julio Faría. Ante este caso de "gatillo fácil", Vélez fue pasado a retiro y reemplazado por Liliana Zárate.

Ahora, el pasado domingo 10 de este mes, Jonathan Romo (35) murió producto de una asfixia mecánica que habría sido consecuencia de un brutal operativo policial para detenerlo en La Falda mientras sufría un brote psicótico. Se sospecha que los policías le aplastaron un pulmón cuando le colocaron una rodilla encima. Seis policías han sido imputados y permanecen detenidos. En ese momento, el ministro de Seguridad era Alfonso Mosquera, la jefa de la fuerza Liliana Zárate y el jefa de Recursos Humanos, Julio Faría. Este último fue pasado a retiro obligatorio y en su lugar asumió Esteban Barizzone.

Dos años y cuatro homicidios después de aquella fuerte alerta de la Cámara 8ª del Crimen, por primera vez en Córdoba se debate de manera profunda sobre la real situación al interior de la formación y capacitación de los policías cordobeses. 

Tras la seguidilla de casos de "gatillo fácil" en 2020, la Unicameral sí había avanzado en una nueva ley que modificó el plan de formación (pasó de nueve meses a tres años) y el Tribunal de Conducta. 

Pero nunca se reveló de manera pública, como ahora, qué pasa con los policías en actividad. Este martes, Cadena 3 publicó un informe reservado que indica que al menos cuatro de cada 10 policías no saben disparar, que más del 60 por ciento no logra el apto físico y que son más los los desaprobados que los aprobados en las clases de manejo. Una radiografía profunda que pone al descubierto gruesas falencias.

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Faría, el comisario general ahora pasado a retiro, ya venía advirtiendo en el corazón de la Plana Mayor que la capacitación actual no alcanzaba. Que faltaban insumos básicos y, sobre todo, un plan de largo aliento. El miércoles 6 de julio, había discutido con la jefa de Policía, Liliana Zárate, en un almuerzo en el que participan los otros comisarios generales. Un día después, por teléfono, le había comunicado al ministro de Seguridad su intención de marcharse. Un colega más allegado le sugirió salir de licencia y pensar en frío. 

El martes 12 estaba de licencia cuando le avisaron por celular que lo habían retirado de manera obligatoria. Pero no por sus desacuerdos. Si no, por la muerte en La Falda. Su nombre quedó asociado al de Jonathan Romo. Y a Faría le pareció un puñal. 

Por eso, una semana después decidió defenderse de manera pública. Y quien hasta hace pocos días se sentaba en la mesa más reservada de la Jefatura ahora le contó a todos los cordobeses que la principal la principal institución de seguridad de la provincia no cuenta con recursos básicos como un polígono propio, una pista de atletismo o una pileta de natación. "No hay balas para las prácticas de tiro", denunció.

Y, acaso sin proponérselo, puso en evidencia, como nunca antes, el corazón más frágil de la Policía. Dos años y cuatro homicidios después de aquella fuerte alerta de la Cámara 8ª del Crimen.

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