La trama detrás de la investigación que sacude a las cárceles de Córdoba

Ramón Alberto Salas siempre pisó fuerte en la seccional 10ª, al sur de la ciudad de Córdoba. En sus tres perfiles públicos en la red social, este hombre, al que adentro del PJ cordobés definen como un "puntero" que hace más de 15 años ocupa diferentes cargos públicos, hace fuerte alarde de sus dos pasiones: la política cordobesa y el club Belgrano.

Desde 2015, Salas figuraba como contratado en la Subsecretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba. Hasta este jueves, que fue echado luego de que ayer quedara detenido acusado de integrar una presunta asociación ilícita para cometer una serie de delitos en las cárceles cordobesas.

Más allá de su función pública y sus aceitados vínculos políticos (en sus redes subió fotos con encumbrados funcionarios cordobeses), Salas tenía otro compromiso con la prisión: un sobrino de él, Yamil Salas purga una condena de siete años y dos meses de encierro por haber participado en el salvaje homicidio de Emanuel Balbo, ocurrido en una tribuna del Estadio Kempes en medio de un Belgrano-Talleres, el 15 de abril de 2017.

El principal detenido en la misma causa que hoy tiene preso a Ramón Salas es el actual subdirector del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse de Bouwer, Sergio Guzmán. Se trata de un jefe penitenciario de muy alto perfil, con una extensa trayectoria que incluye pasos por la cárcel de Cruz del Eje y por el Establecimiento Penitenciario 9.

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El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier lo imputó como presunto jefe de la asociación ilícita. Quedó detenido en su domicilio mientras, al mismo tiempo, una comisión especial de investigadores allanaba su oficina en la cárcel de Bouwer.

El tercer detenido es el conocido abogado penalista Alfredo Ciocca, que supo tener presencia mediática en diversas causas, sobre todo cuando defendió a los líderes de la poderosa barra del club Talleres, "La Fiel". 

Durante años, Ciocca representó a Darío Cáceres y a otros jefes de esa organización, aunque en la última causa que mantiene detenido a Cáceres, acusado de un millonario tráfico de marihuana a comienzos de 2022, finalmente fue desplazado para que asumiera en su lugar el actual concejal del PJ Diego Casado.

¿Qué une a Guzmán, Ciocca y Salas? El fiscal entiende que pudieron haberse "asociado" para cometer una serie de delitos junto a otras personas que aún no han sido imputadas. La base de toda esta causa apunta hacia la cárcel de Cruz del Eje y, también, sobre el penal de Bouwer.

Gavier tiene entre sus competencias investigar el call center tumbero: el tráfico ilegal de celulares al interior de las penitenciarías de Córdoba para que luego los presos cometan todo tipo de delitos.

Entre 2017 y 2022, este fiscal imputó a 184 personas por causas de este tipo. Buena parte de los acusados ya estaba en prisión cuando cometieron los nuevos delitos. Esto hizo que tanto él como los tribunales encargados de llevar a juicio estos casos elevaran diferentes recomendaciones y exhortos al Servicio Penitenciario, que dirige desde 2008 Juan María Bouvier, unos de los funcionarios cordobeses que más tiempo ha permanecido en el mismo cargo. 

Pese a todas estas alertas judiciales, las estafas telefónicas desde las cárceles no han dejado de reproducirse.

En una de esas causas, el miércoles comenzó el juicio contra el narcotraficante René Alejandro "Chancho" Sosa, acusado de comandar una organización dedicada al ingreso de celulares clandestinos. Junto a él está acusado el guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado (primo del concejal y abogado), entre otros imputados.

El expediente revela, una vez más, cómo los delincuentes, adentro de las cárceles, se valen de las complicidades de empleados oficiales para lograr ingresar estos aparatos, cuyo precio, dentro de los penales, se multiplican varias veces.

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Pero, según ha trascendido hasta ahora, esta causa que ahora tiene detenidos a Guzmán, Ciocca y Salas no apunta al tráfico de celulares ni al call center tumbero, sino que pone al descubierto lo que se sospecha que es otro delito: la manipulación de informes oficiales para favorecer a los detenidos no sólo adentro de las cárceles, sino también ante los jueces de Ejecución Penal que son los encargados de firmar las libertades anticipadas.

En concreto, según apuntaron fuentes que siguen de cerca toda la pesquisa, se sospecha si, mediante el pedido de dinero, modificaban los puntajes por comportamiento o los accesos a los cursos internos, dos cuestiones que los jueces suelen tener en cuenta al momento de valorar una salida anticipada o no de un preso.

La pregunta que sigue a continuación ya genera incertidumbre en Tribunales: ¿hay presos que hoy gozan de libertad condicional gracias a estos presuntos informes adulterados?

La historia de esta causa judicial recién comienza.