Por una golpiza, condenan a dos policías cordobeses

Dos policías de la ciudad de Cruz del Eje, que continuaban en actividad pese a que sobre ellos pesaban sendas imputaciones, fueron condenados en las últimas horas por una golpiza a un vecino del norte de la provincia de Córdoba.

La Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, a través de la sala unipersonal del vocal Ángel Andreu, condenó al oficial inspector Cristian Orlando Mytelsky y al sargento Gustavo Matías Silva, a dos y tres años de prisión, respectivamente, por el hecho que venían acusados, tipificado como lesiones leves, amenazas calificadas (por uso de arma de fuego) y disparo de Arma de fuego y lesiones Graves y amenazas aalificadas, respectivamente.

Los imputados asumieron la responsabilidad penal en el hecho y el juicio se llevó adelante de manera abreviada. Las condenas se cumplirán de forma condicional, es decir que si se portan bien continuarán en libertad, aunque no podrán volver a la fuerza.

Según la instrucción que llevó adelante el fiscal esa ciudad, Raymundo Barrera, el 10 de mayo de 2015 a la madrugada, los dos policías, que estaban de franco, en la zona céntrica de esa ciudad del norte cordobés le cruzaron el auto a un utilitario en el que viajaba una joven pareja. 

Armados con la pistola reglamentaria, los policías se bajaron y apuntaron al conductor. Fue entonces que Mytelsky, siempre según la acusación, efectuó un primer disparo en contra del utilitario. 

Ante esto, la joven que iba en ese rodado abrió la puerta y salió corriendo, mientras los dos policías comenzaban a increpar y a amenazar al conductor. Cuando este intentó hacer marcha atrás para escapar de allí, le dispararon a una de las ruedas.

Justo en ese momento, aparecieron en otro vehículo unos amigos del conductor, quienes también denunciaron que fueron amenazados y golpeados por los policías. Quien manejaba este segundo rodado indicó que Silva le apoyó en la sien la pistola y que lo obligó a bajarse.

Luego -se indica en la acusación- fueron golpeados por los policías.

Al comenzar el juicio, llamó la atención en la sede judicial que los policías acusados continuaban en situación activa y que hasta hayan sido ascendidos durante estos años.

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Esta situación vuelve a poner en debate qué pasa con los controles al interior de la principal fuerza de seguridad de la provincia, situación que quedó en evidencia con el asesinato policial de Blas Correas (17) en los primeros minutos del 6 agosto de 2020.

Los dos policías que aquella madrugada dispararon contra el auto en el que viajaban Blas y sus amigos estaban trabajando armados pese a que ya tenían sendas causas penales previas.

Lucas Gómez, el que disparó el tiro que mató a Blas, ya estaba imputado por haber encubierto al violador serial de La Calera, Leandro Castañares (atacó seis veces en 2016). En febrero último, Gómez terminó condenado por este caso a una pena de dos años y medio de prisión de ejecución condicional.

El otro policía que disparó contra el auto Fiat Argo fue Javier Catriel Alarcón, quien estaba imputado desde 2013 por agredir a un remisero en un control vehicular en Pilar.

Pese a que en su momento habían sido puestos en situación pasiva a raíz de estas imputaciones, el Tribunal de Conducta Policial luego los reincorporó a la función activa. Así, aunque continuaban imputados y bajo investigación, volvieron a la calle a portar un arma reglamentaria.

El 11 de mayo de 2021, el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini imputó por el delito de abuso de autoridad a Becerra, a quien se le reprochaba haber autorizado que estos dos policías volvieran a la actividad en la fuerza pese a que continuaban imputados.

En su momento, Becerra ensayó una explicación pública: dijo que el Tribunal de Conducta Policial podía ordenar que una persona imputada regresara a trabajar (por demoras en la causa, porque se entendía que ya no podía entorpecer la investigación o por cualquier otro motivo), pero que la decisión de darle un arma y reponerlo en un lugar en contacto con la sociedad civil ya era puramente policial. O sea, apuntó en dirección a la propia Jefatura de Policía.

Ahora, en mayo último, tras analizar el descargo de Becerra y la ley del Tribunal de Conducta Policial, el fiscal Bornancini solicitó el sobreseimiento de la funcionaria pública. El juez de Control Gustavo Hidalgo deberá resolver.

Aunque no hubo ninguna declaración oficial al respecto, fuentes que siguen de cerca la investigación aseguraron que la normativa del Tribunal de Conducta Policial en ningún lado dice que es delito reincorporar a un policía imputado, aún sin condena.