Tras el hackeo, denuncian caos en Tribunales

El hackeo masivo que han sufrido los Tribunales de la provincia de Córdoba empieza a hacerse notar en la dinámica de todos los días. En medio de un esquema de contingencia cuyo fin nadie puede aventurar aún, comienzan a superponerse inconvenientes de todo tipo, según reconocen funcionarios judiciales y abogados.

El viernes a última hora, desconocidos ingresaron en el sistema informático del Poder Judicial de Córdoba y lo dejaron inhabilitado. Se sospecha que los piratas informáticos, cuyas reales intenciones nunca se han establecido hasta hoy, pueden haber tenido acceso a expedientes más que sensibles.

Desde entonces, los Tribunales de Córdoba están semiparalizados, pese al esquema de contingencia que se implementó desde el martes. Es que hasta ahora, y pese a que se cuenta con copias de respaldo, no han podido reactualizar estos archivos, por lo que no hay nada hacia atrás.

"Si necesitamos ver un informe bancario, una planilla de antecedentes o la transcripción de una escucha, no lo podemos hacer, porque todo eso estaba en las computadoras y ahora no se puede acceder", reconoció una fiscal.

El diagnóstico fue replicado por varios funcionarios judiciales consultados por Cadena 3. En las unidades judiciales, las demoras son mucho más largas que las habituales, que ya de por sí eran prolongadas. Las nuevas denuncias se toman de manera manual, por Word, y luego se transmiten por Whatsapp.

En la Policía ya hay varias quejas, aunque ninguna en voz alta. Patrulleros quedan inmovilizados durante horas a la espera de poder entregar un procedimiento.

En tanto, varias oficinas judiciales decidieron crear correos electrónicos alternativos, por Gmail o Hotmail, para sus comunicaciones. 

Pero esto no es todo. Los abogados ya empiezan a advertir otra grave situación: con los plazos vencidos para determinar si una persona detenida debe continuar con prisión preventiva o ser liberada, los fiscales no tienen acceso a los expedientes para poder resolver. "Están a ciegas", denuncia el abogado y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Pedro Despouy Santoro. 

Junto a Martín Capdevila elaboraron un crítico documento en el que denunciaron el estado actual de la Justicia tras el hackeo de la semana pasada. 

"Por el momento, parecería ser que no hay más actores, demandados, imputados, querellantes, condenados ni absueltos. Sencillamente, ningún operador judicial puede acceder a las causas en curso mientras dure la ciber-contingencia: nada de lo que había en cada uno de los miles de expedientes judiciales electrónicos parece que hoy exista en este mundo".

"En este sentido, el mantenimiento de la presencialidad de los funcionarios judiciales se limita hoy, mayormente, a recibir presentaciones a través del infalible soporte papel, encontrándose impedidos de resolver la mayoría de los planteos efectuados dado que ningún magistrado/a, funcionario/a ni empleado/a judicial puede acceder a los expedientes electrónicos, hasta nuevo aviso".

"Particular interés nos despierta como abogados la situación de aquellas personas que se encuentran detenidas y que prestaron declaración indagatoria la semana pasada, o antes. Respecto de ellas, rige el artículo 336 del código procesal penal. Es decir, el fiscal a cargo del ''proceso'' contenido en el expediente electrónico tiene por ley 10 días para resolver la situación de libertad de esas personas imputadas. Para ello, indefectiblemente, deberá consultar las pertinentes constancias del expediente (condiciones personales del imputado, pruebas documentales, testimoniales, periciales, etcétera) constatando si existe riesgo procesal concreto que pueda justificar el dictado de una prisión preventiva fundada o, por el contrario, si ello no se verifica, disponer su inmediata libertad".

"Hoy, y ante la imposibilidad de poder acceder al expediente electrónico que concentra la prueba, resulta imposible que un fiscal pueda resolver por ''decreto fundado'' la referida situación de libertad. Frente a ello nos preguntamos: ¿qué debería hacer un fiscal. ¿Mantener presa a esa persona aun habiendo vencido los diez días establecidos por el artículo 336 del CPP y sin poder acceder al expediente donde está la prueba producida, o bien, con apoyo en los consabidos principios y garantías constitucionales, ordenar su libertad frente a la aludida 'ciber-contingencia' que no le concierne al imputado/a? Dicho interrogante -entre otros- pone de manifiesto la gravedad de la situación que estamos viviendo en la provincia de Córdoba".