Un call center tumbero que era una pyme del delito

Hasta el pasado 15 de septiembre, Andrés Américo Aciar embolsaba todos los meses, en su caja de ahorro, un millón de pesos limpios que le ingresaban por su cargo como director de la cárcel de la ciudad de Villa María.

Néstor David Gómez, su mano derecha, percibía un poco menos: 850 mil pesos netos, cobraba el entonces Subdirector de Operaciones de ese penal.

Edgar Arroyo, que ostentaba la jerarquía de Jefe de Seguridad de la penitenciaría, cobraba 800 mil pesos mensuales.

Aquel día, no sólo que perdieron el 70 por ciento del sueldo, ya que quedaron en situación pasiva, sino que dejaron de percibir acaso lo más importante: la libertad.

Pasaron a ocupar las celdas que ellos debían custodiar.

El fiscal Enrique Gavier los acusa de integrar, como jefes, una poderosa "pyme" carcelaria dedicada a cometer todo tipo de estafas carcelarias, en comunión con presos y con familiares de estos.

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Al firmar en las últimas horas las 26 prisiones preventivas en contra de los acusados, la fiscalía no sólo describió con detalles cómo funcionaba este fenomenal "call center tumbero", sino que advirtió que en la causa faltan aún de ser identificados varios miembros más.

Junto a estos tres jerarcas penitenciarios aparecía un preso, Sebastián Ezequiel "Pitu" Moyano en la pirámide de la supuesta organización criminal.

Además, asoman dos policías de Investigaciones de Bell Ville, a los que se acusa de haber suministrado información más que sensible para intentar evitar que esta causa no avanzara.

Se trata de Santiago Martín y Mauricio Agüero, quienes al momento de ser detenidos ganaba, por mes, entre 550 mil y 450 mil pesos.

Cinco empleados públicos con salarios en blanco, obra social y aportes, que cobraban de manera puntual cada mes. Cinco funcionarios de fuerzas de seguridad que se corrompieron sólo por la codicia, según se desprende de la acusación firmada por el fiscal Gavier.

Junto a Moyano aparecen otros nueve presos adscriptos a este fenomenal "call center tumbero". Uno de los tantos que funcionan en las cárceles de Córdoba, convertidas en verdaderas usinas nacionales de este delito.

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Otros 11 civiles, muchos de ellos familiares o conocidos de los reos, asoman en la misma trama: prestando sus CBU, buscando los botines, repartiendo el dinero en tiempo récord para despistar a los pesquisas.

La investigación judicial asombra, no sólo por el volumen de la banda.

A las obscenas imágenes registradas durante los allanamientos de septiembre, cuando en poder de los presos se secuestraron celulares en los que se filmaban escuchando música y riéndose de sus fechorías adentro de las celdas, se le añade una cruda descripción de cómo se ha aceitado el "call center tumbero en Córdoba".

En esta causa, se advierten dos metodologías delicitivas, craneadas en el interior del pabellón 11. Los presos contaban, además, con una ventaja extra: justo la cámara de seguridad que enfoca a esta zona de la cárcel no andaba. Casualidades que nada tenían de causales.

Por un lado, a través de la red social de compra y venta de Facebook, Marketplace, los delincuentes simulaban ser clientes interesados en algún producto comercializado por un particular. Tras entablar contacto, les enviaban un comprobante falso de transferencia, en el que ubicaban un valor muy por encima del pactado. De inmediato, le avisaban al vendedor que por favor cancelara todo y les devolviera el importe, que se habían equivocado.

Todo era completamente falso, ya que nunca habían transferido nada. Pero la maniobra no acababa aquí.

De inmediato, otro cómplice de la banda llamaba al vendedor y simulando ser empleado de una sucursal bancaria le advertía que acababan de recibir un reporte por una transferencia equivocada, por lo que debían devolver el monto en lo inmediato o, caso contrario, le iban a tener que suspender el CBU.

Otra estafa consistía en vender rollos de alfalfa que en realidad no existían. Con fotos obtenidas de otros sitios de internet, publicaban una tentadora oferta en la web. Y solicitaban a los potenciales compradores una seña del 30 por ciento del valor total. Luego, cortaban todo tipo de comunicación. Hasta un fiscal cayó en esta maniobra delictiva.

La fiscalía ya comprobó cómo una vez que lograban hacerse de alguna transferencia por parte de las víctimas, en sólo segundos, los delincuentes iban distribuyendo el monto en diversos CBU de otros cómplices. 

La idea de esta maniobra es hacer muy dificultoso el rastreo de la ruta del dinero robado, ya que en contados minutos logran que pase por diversos CBU. 

Los estafadores demuestran, así, tener "conciencia forense": saben lo difícil que resulta para cualquier fiscalía de Córdoba obtener un informe veloz por parte de una sucursal bancaria sobre los movimientos de un CBU. Si a esto se le añade que por cada robo el dinero fluye en hasta más de 10 CBU, el rastreo se vuelve, a veces, titánico.

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"Otro rasgo característico que ha podido ser comprobado de esta organización es su especial habilidad para sumar entre sus filas a funcionarios públicos de distintas fuerzas de seguridad, sean penitenciarios o policiales y otros empleados o funcionarios públicos dependientes de la justicia que a la fecha no han sido identificados", apuntó el fiscal Gavier al finalizar los pedidos de que todos los acusados continuaran con prisión preventiva. 

Pero el expediente arroja más datos para el asombro: familiares de los presos han declarado que para adelantar las "visitas íntimas", los reos le pagaban a los guardias, en alusión a otro de los "quioscos" ilegales adentro de la cárcel.

La droga también aparece con fuerza a lo largo de toda la investigación. Un conocido vendedor de estupefacientes de Bell Ville asoma dentro de esta trama como "nexo" entre los policías investigados y los detenidos. Un "dealer" que sospechosamente tenía su prontuario limpio.

Al mismo tiempo, un preso ya declaró que él accedió, dentro del pabellón 11, a que otros detenidos abrieran una cuenta bancaria a su nombre a cambio de dosis de cocaína que le entregaron en su misma celda.