La ley de leyes, a las apuradas

 Es interesante reflexionar un minuto sobre el presupuesto que , es lo que condiciona luego todo el programa de política pública del Estado Nacional. Ahí tiene que estar definido en qué se va a gastar, las prioridades del Estado. Es lo que tiene que votar la cámara de diputados. El ministro Guzmán envió todo a mediados de septiembre, como indica la ley, y no se debatió hasta ayer y se espera votarlo a libro cerrado el jueves.¿Cómo puede ser que el congreso ignore justamente lo que va a hacer el estado nacional todo el año que viene y se pretenda que de la noche a la mañana los diputados brinden una carta blanca, un cheque en blanco a un gobierno que no ha explicado dónde va a sacar el dinero para financiar el gasto público?.

Dos elementos. No solamente no está previsto el pago al FMI ,No se conocen las condiciones de acuerdo, sino que en el presupuesto que ayer se discutió y fue un tema que trajeron varios diputados se supone que van a entrar 12.500 millones de dólares de organismos internacionales.

. No hay ninguno que esté dispuesto a brindar ese dinero a la Argentina y el ministro Guzmán no respondió a esa pregunta. Al margen, por supuesto, del nivel de inflación supuesto del 33 por ciento. No hay ningún economista serio que coincida con esa cifra.

Y finalmente un elemento adicional . Si el congreso debate a las apuradas eso explica que la democracia está fracasando .El debate ahora se va a profundizar en la oposición.Hay algunos que están pensando que obstaculizar esta aprobación le daría al presidente, la oportunidad de prorrogar el presupuesto de este año por decreto. Eso es legal. Pero recordemos el presupuesto de este año no contemplaba que seguía la pandemia,no contemplaba ningún gasto vinculado a la pandemia. Se creía que por arte de magia, el 1 de enero de de año que está terminando se iba a acabar el covid19 , con lo cual es un presupuesto que no tiene ningún sentido y que implica mayor discrecionalidad para el gobierno. Así como calculan menos inflación que la real, todo esto está orientado a darle al jefe de Gabinete, al presidente y al ministro de Economía discrecionalidad absoluta para adjudicar el gasto público según su criterio, sin que el Congreso lo revise.