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11/03/2020 | 18:18 | En sólo dos días, el gobierno resolvió protección para Aluar frente a China, para los bancos frente a las fintech y para el complejo petrolero frente a cualquier cosa.
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Alberto Fernández se despachó varias veces, y cada vez con más enojo, contra el complejo alimentario. Al campo lo acusa de querer ganar siempre después de subirle dos veces las retenciones en tres meses. A los fabricantes de alimentos los considera monopolios culpables de la inflación. A los supermercados les impone una ley de góndolas acusándolos de oligopólicos, ignorado que tres cuartos de los alimentos no se venden en los súper.
Pero para otros sectores con niveles de concentración y poder mucho más claros el gobierno no tiene el mismo criterio. Al contrario, los beneficia con medidas para garantizarles sus cuota de mercado.
Ayer, la beneficiada fue Aluar. La fabricante monopólica de aluminio en el país fue beneficiada con una medida antidúmping: de ahora en más el aluminio que venga de China pagará un impuesto extra de 28%. Aluar se había quejado de esa competencia pese a que aún así vende el 62% del aluminio que se vende en todo el país. Quienes se dedican a fabricar aberturas de aluminio y las constructoras que les compran van a sentir el golpe.
Hay más. Hoy, el Ministerio de Trabajo les prohibió a las empresas pagar los sueldos de los empleados a través de celulares en plataformas financieras de empresas tecnológicas. Es un cerco para cuidar el negocio de los bancos tradicionales, a los que después el kirchnerismo siempre presenta como culpables de todos los males. Es sólo un paso más en todos los que ha venido dando el gobierno contra las nuevas tecnologías que abaratan costos y desafían a las empresas tradicionales: desde Uber hasta las industrias del conocimiento.
También hoy se conoció que el gobierno prohibió importar petróleo o combustibles líquidos sin una licencia previa. Es otra medida para garantizarles el mercado interno a las empresas, sindicatos y provincias petroleras locales, poniéndolas a resguardo de la competencia de un mercado internacional con precios en baja. Por si quedara alguna duda de que al gobierno la formación de precios a mano de oligopolios mucho no le molesta, también evalúa poner un precio sostén al barril de petróleo producido en el el país de unos 50 dólares, o sea un 25% más caro que el internacional, que en principio se cubrirían con subsidios para empresas petroleras y para las regalías y sueldos de las provincias y gremios más costosos de la Argentina.