Cambio de gobierno
05/12/2019 | 09:55 | Desde 2006, al agua y las cloacas del Gran Buenos Aires la pagamos todos. La cosa mejoró bastante con Macri. Pero puede volver la pesadilla.
Entre todos los despropósitos fiscales argentinos el más grave, injusto y descabellado ha sido el subsidio gigantesco al agua y a las cloacas que el conjunto del país les pagó a los habitantes del Gran Buenos Aires (GBA) a través de la empresa Aysa.
No hay que dejarse engañar en esto por los propagandistas de la pobreza del conurbano: 1) El GBA (Capital Federal y 26 partidos bonaerenses que la rodean) contiene a muchos pobres, pero aún así tiene los ingresos promedio más altos del país. 2) El costo del servicio de aguas y cloacas es allí, por lejos, el más barato del país por la alta densidad poblacional (muchos clientes por kilómetro de caño) y porque nadie más tiene a dos pasos una fuente de agua dulce como el Río de la Plata. En cambio, en el resto del país hay amplias áreas con agua con arsénico o directamente sin agua.
Pese a eso, el presupuesto nacional se hace cargo desde 2006 (cuando la concesionaria privada francesa se fue y se creó la estatal Aysa) de pagar una parte de los costos operativos (sueldos, químicos, vehículos, repuestos, etc) y todas las inversiones para ampliar o renovar las redes.
Los clientes de Aysa no pagan lo que consumen. A una porción enorme la pagan argentinos de todo el país, que además deben pagarse sus propios servicios (más costosos por la falta de agua y la menor densidad poblacional) prestados por concesionarias privadas, cooperativas o municipales.
¿Por qué sucedió esto? Pura y simple demagogia. El servicio de agua y cloacas de GBA es el único bajo jurisdicción nacional. En el resto el país es provincial o municipal. Gobernadores e intendentes no tienen otra que cubrir costos con tarifas. En cambio, el presidente de turno, si no quiere quedar mal con los votantes de GBA, que son los que deciden, pueden usar el vasto presupuesto nacional para regalarles el servicio.
Exactamente eso hicieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que no sólo congelaron la tarifa (dejando a Aysa sin fondos en un contexto de inflación) sino que le dieron la empresa al gremio. José Luis Lingeri, el eterno jefe de Obras Sanitarias, presidía Aysa. No pudo hacerse algo peor: los gastos iban por el ascensor, la inflación por la escalera, y los ingresos por otro ascensor, pero para abajo.
A la diferencia la pusimos todos los demás tontos sin agua y sin cloacas. Esas piscinas de los countries del conurbano norte se llenaron con agua que pagó la Nación.
El desatino llegó al extremo en 2013, cuando, además de todas las inversiones, la Nación pagó el 71% del costo operativo total. La situación ya era tan abusiva que el kirchnerismo le aflojó y en 2014 subió algo la tarifa. En 2015, cuando CFK se fue, todos nosotros pagábamos todavía el 60% del agua y las cloacas de porteños y conurbanitas.
La gestión de Mauricio Macri en la Nación y de Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior (del que depende Aysa, otro absurdo) subieron tarifas y bajaron los subsidios operativos. Últimos datos oficiales: desde 2017 los clientes de Aysa pagan todos los costos operativos.
Pero nosotros seguimos pagando todas las inversiones. Según Asap (Asociación Argentina de Presupuesto) para 2019 estaban presupuestados 15.500 millones de pesos, más del doble que todos los subsidios para el transporte en colectivos en el interior.
Los argentinos sin agua han estado pagando buena parte de, por ejemplo, una obra descomunal como la cloaca de 12 kilómetros que avanza a 40 metros de profundidad por debajo o sobre el lecho del Río de la Plata para arrojar los desechos lejos de Puerto Madero. También pagaron la expansión del servicio (redes de agua, redes de cloaca, plantas potabilizadoras, plantas cloacales) a 3,3 millones de habitantes en 9 partidos del conurbano que se agregaron en los últimos cuatro años.
Vayan a preguntarles a los habitantes del oeste chaqueño qué piensan de todo esto. O a los cordobeses, que se van a pagar de su propio bolsillo el canal para traer agua del Paraná. Todos los gobiernos dicen que la Nación también hace obras redes, canales y desagües en todo el país. Las cifras comparadas en el kirchnerismo eran ridículamente irrisorias. Hoy son irrisorias.
Macri mejoró la cosa, aún cuando era ir contra su principal base política territorial. Pero le faltó un paso clave: transferir Aysa a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires.
Desperdició una oportunidad única. Por primera vez desde 1996 un mismo partido gobernó los dos distritos y la Nación. Pero no lo hizo. Ojalá lo hiciera en la semana que le queda.
Ahora, el riesgo de que el despropósito vuelva a la desmesura de 2013 es real. Lingeri -el poderoso sindicalista de Obras Sanitarias que manejó Aysa, es el eterno enlace financiero entre los gobiernos y las obras sociales y respaldó desde el minuto 1 a Alberto Fernández- ya está pidiendo pista.
Ha dicho que Aysa está endeudada con proveedores (4.000 millones), que en estos años tomó deudas por 500 millones de dólares para obras y que la tarifa actual cubrirá, si no se aumenta, sólo el 70% del costo operativo del año que viene.
Lo dice como si alguien más que no sea Aysa o sus clientes tuvieran la obligación de pagarles las deudas. O como si, pese a la inflación rampante, considerara una rareza que el año que viene la tarifa suba 46%, que es lo que debe subir para que siga cubriendo el costo operativo. Al fin y al cabo, es lo mismo que han hecho siempre los demás argentinos, aunque a los vecinos de Recoleta o La Matanza les cueste entenderlo.
Lingeri tiene una alternativa si no quiere castigar a sus clientes: ayudar a bajar los costos de Aysa, la mayor parte de los cuales son los salarios de sus representados.
Y los ciudadanos del resto país también tenemos una alternativa: exigirles a nuestros diputados que legislen la transferencia de Aysa y que ni se les ocurra darle un peso en el presupuesto.