De qué se trata la pelea por la nueva ley jubilatoria

Es prácticamente incalculable el costo fiscal de la modificación de la Ley de Jubilaciones, que aprobó el Senado la semana pasada, y que está analizando por estas horas el Presidente de la Nación, el veto, que ya adelantó, anticipó la semana pasada, que ratificó durante el fin de semana. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta modificación? 

La modificación de la ley incluye cuatro aspectos centrales: el pago de un aumento pendiente por la inflación de enero, la posibilidad de un aumento adicional anual si los salarios se recuperan, un nuevo haber mínimo para jubilados contributivos y la obligación de ANSES de cancelar deudas previsionales en un plazo de seis meses. Sin embargo, calcular el impacto fiscal de estas medidas es prácticamente incalculable, ya que afecta tanto a jubilaciones ya pagadas como a las futuras.

El Gobierno ha presentado cifras que parecen alarmantes. Javier Milei menciona un costo fiscal del 62% del PBI, aunque este es solo un estimado. Según la Oficina de Presupuestos, el costo anual se calcula en un 1,2% del PBI, lo que podría llevar al Gobierno a endeudarse nuevamente para cubrir estos gastos, poniendo en riesgo el superávit fiscal proyectado del 0,9% para este año.

Esta modificación incumple la ley de Administración Financiera, ya que se establece la obligación de pagar a los jubilados sin especificar de dónde saldrá el dinero. Esto crea un dilema: el Gobierno enfrenta la presión de cumplir con los jubilados, pero sin un plan claro para financiar estas obligaciones.

Si se aprueba la ley, la jubilación mínima pasaría de 234.540 a 317.000 pesos, lo que representa un aumento del 34%. Sin embargo, también se debe considerar el retroactivo de un 7,2% que se debe a la inflación no compensada anteriormente. La ley establece que el haber mínimo no puede estar por debajo del valor de la canasta básica total de un adulto, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.

La modificación también introduce cambios en la fórmula de movilidad, que ahora se ajustará anualmente en marzo, en lugar de cada tres meses. Esto significa que los jubilados que se retiren en los últimos meses del año verán un aumento en su haber inicial, lo que podría ser beneficioso, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo.

Existen diferentes opiniones sobre el impacto fiscal de estas modificaciones. Algunos expertos, como Gabriel Rubinstein, respaldan la postura de Milei, mientras que otros, como Osvaldo Giordano, creen que es posible hacer frente a los costos. Sin embargo, la incertidumbre persiste y el Gobierno está decidido a vetar la ley, aunque aún no está claro si lo hará total o parcialmente.

En caso de que el veto no se concrete, surge la pregunta de cómo se implementará la reforma. Si el Gobierno no publica la ley, los jubilados podrían recurrir a la Justicia para reclamar lo que consideran un derecho. La situación es tensa y podría llevar a un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y los jubilados.

Las promesas del Gobierno de Javier Milei incluyen el pago de juicios previsionales en un plazo de seis meses, pero la realidad económica plantea serias dudas sobre la viabilidad de cumplir con estas obligaciones. Las cajas provinciales no transferidas y los juicios pendientes suman una carga significativa que podría agravar el déficit fiscal.

Los jubilados, que ya han sufrido pérdidas en sus ingresos a lo largo de los años, se encuentran en una posición delicada. Muchos se preguntan si están dispuestos a aceptar un nuevo ajuste en sus haberes en nombre del superávit fiscal. La situación es insostenible y la necesidad de un reordenamiento integral de las jubilaciones es evidente.

En resumen, la modificación de la Ley de Jubilaciones plantea un escenario complicado. Los jubilados han perdido en el pasado y su futuro sigue siendo incierto. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo estarán dispuestos a sacrificar su bienestar en aras de un equilibrio fiscal que parece cada vez más inalcanzable?