En el Concejo Deliberante cordobés siguen en pandemia

En el Concejo Deliberante Cordobés, la pandemia parece haber encontrado un nuevo refugio. Este jueves, en una sesión ordinaria marcada por la controversia, se aprobó la autorización para que los concejales puedan sesionar de manera virtual en caso de fuerza mayor o compromisos. Esta decisión, respaldada por la mayoría oficialista y el concejal Gabriel Huespe del monobloque Ciudadanos, ha generado un torrente de reacciones, especialmente en el arco opositor.

Al revisar los fundamentos de esta medida, uno no puede evitar recordar cómo la pandemia del COVID-19 obligó a la adaptación de todos los cuerpos deliberativos del país. Sin embargo, el argumento de la adaptación se siente desfasado. En un contexto donde el Concejo Deliberante acaba de inaugurar un moderno edificio destinado a las sesiones presenciales, surge la pregunta: ¿realmente es necesario permitir que los concejales se conecten desde casa? La virtualidad ha llegado para quedarse, pero ¿es el momento adecuado para implementar esta modalidad en un ámbito que debería ser estrictamente presencial?

La oposición, liderada por el concejal radical Sergio Piguillem, ha calificado esta decisión como un “decretazo” que institucionaliza la virtualidad, otorgando a los concejales una amplia gama de excusas para ausentarse. "Es un decretazo del vice-intendente Javier Preto que lo que ha hecho es una institucionalización de la virtualidad", dijo a Cadena 3. 

"El decreto, que además es modificatorio del reglamento interno, que ya reglamenta la actividad que tenemos los concejales de la ciudad, lo que nos da es en forma amplia, en forma vasta, las excepciones para poder conectarnos desde la virtualidad para estar en comisiones o para estar en las sesiones. Ya sea por enfermedad, por fuerza mayor o por compromisos institucionales. Lo que planteamos nosotros es el concejal que está enfermo no puede trabajar, ni presencial, ni telemáticamente. Para eso está el reglamento que establece que tiene que justificar la enfermedad y la posibilidad de ausentarse", explicó.

La ambigüedad de lo que se considera “fuerza mayor” abre la puerta a abusos. ¿Qué impide a un legislador asistir físicamente a una sesión que se lleva a cabo una vez por semana?

Los concejales tienen la responsabilidad de estar presentes, no solo para cumplir con su deber, sino también para escuchar a sus vecinos. La posibilidad de que un concejal esté ausente por “compromisos institucionales” puede ser interpretada de muchas maneras, y eso es preocupante. La política, como sabemos, a menudo utiliza los viajes como premio o castigo, y este nuevo decreto podría facilitar aún más esa práctica. ¿Es realmente necesario que se les permita no asistir a las sesiones, especialmente cuando se ha invertido tanto dinero en un nuevo edificio?

La decisión de permitir la virtualidad en la participación de los concejales también plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas. ¿Cómo podemos estar seguros de que están cumpliendo con su trabajo si no están físicamente presentes? La confianza se convierte en un tema central, y los ciudadanos se encuentran en una posición vulnerable, preguntándose si sus representantes están realmente trabajando para ellos. La conexión con la realidad de la gente se siente distante, especialmente en tiempos de ajuste económico.

Por último, la cuestión del control es fundamental. ¿Quién supervisará que los concejales realmente se conecten y participen activamente en las sesiones virtuales? La falta de claridad en la definición de “fuerza mayor” y “compromisos institucionales” puede dar pie a abusos. La ciudadanía merece saber que sus representantes están trabajando en beneficio de la comunidad y no simplemente aprovechando la virtualidad como una excusa para evadir sus responsabilidades.

En resumen, la aprobación de esta medida es un reflejo de la desconexión entre los concejales y la realidad que viven los ciudadanos. La confianza que se debería construir entre ambos lados se ve amenazada por la ambigüedad y la falta de control. La virtualidad puede ser una herramienta útil, pero no debe convertirse en una excusa para la inasistencia y la falta de compromiso. Es tiempo de que los concejales reconsideren su papel y su responsabilidad hacia aquellos que los eligieron.