Más ayuda de la Nación, más empleados públicos

El empleo público en las provincias creció un 11% en los últimos diez años

Tierra del Fuego lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes.

“Se cumplieron 35 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.548, la de coparticipación. Esa norma estableció, desde el 1 de enero de 1988, un régimen transitorio de distribución de recursos entre la Nación y las Provincias. Nunca se cumplió con la actualización prevista en la reforma constitucional de 1994?, señala el informe.

-En esa reforma se planteaba que la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre estas, se efectuaría en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto y que sería “equitativa, solidaria y daría prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional

Sin embargo, todos los meses, la Nación transfiere recursos a las provincias y a CABA, la mayor parte son por coparticipación, aunque también hay envíos discrecionales por fuera de esa ley.

Aunque la Argentina es un país federal, la realidad de lo que sucede en cada territorio es muy disímil y la economía de las provincias es una muestra más de la situación. Durante la última década, en promedio, las transferencias totales por habitante de Nación a las provincias cayeron 4,4%, mientras el nivel de empleo público cada 1000 habitantes aumentó 11%, según se desprende de un informe privado.

El estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba demuestra que “mientras mayor sea el nivel de transferencias per cápita recibidas por las jurisdicciones, mayor es el nivel de empleo público”. De acuerdo con los últimos datos disponibles, Tierra del Fuego “lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes”.

El informe destaca que Nación y provincias llevan a cabo “políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con un marco legal claramente desbordado por la realidad” que tiene consecuencias negativas para la sociedad, como la “elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía para financiar el tamaño del Estado creciente” que no logra dar servicios públicos eficientes.

Este es el resultado de un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones para una futura modificación del régimen de coparticipación, que amerita entre otras cosas estudiar la posibilidad de disminuir la importancia de las transferencias de libre disponibilidad a las provincias en el marco de una rediscusión de las potestades fiscales de los distintos niveles de gobierno”, concluye el informe.