Subsidios al transporte: ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda

Hoy, nos encontramos con un dato que no solo es confiable, sino también revelador: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha recibido el 94% de los subsidios del transporte. Y estamos hablando solamente de colectivos.

Estos datos oficiales sobre el sistema de subsidios en la Argentina demuestran una clara inequidad. El Estado otorga a las empresas del sector automotor una determinada cantidad de dinero mensualmente para compensar la diferencia entre el costo real del servicio y la recaudación por venta de boletos. Sin embargo, en los primeros cuatro meses del año, hubo un recorte en estos subsidios que afectó desproporcionadamente al resto del país.

Mientras que las líneas que operan en Buenos Aires vieron una reducción del 23%, para el resto del país este recorte fue nada menos que del 85%. En términos numéricos, esto significa que mientras se entregaron 287.000 millones de pesos a las empresas metropolitanas—menos que los 374.000 millones entregados el año pasado—al resto de las provincias solo se les dieron 19.300 millones; mucho menos comparado con los 129.000 millones recibidos anteriormente.

Esta situación ha generado gran controversia y malestar entre los intendentes provinciales quienes irán al Congreso Nacional a reclamar por esta inequidad flagrante: un trato preferencial para algunos y escasez para otros.

Aunque existen argumentos justificativos como la mayor densidad poblacional y uso más frecuente de transporte público en el AMBA, estos no son suficientes para explicar o justificar tal desequilibrio. Además, es importante recordar que desde la modificación de la Constitución del 94, Buenos Aires tiene rango de provincia y por lo tanto debería manejarse con sus propios recursos.

El caso de Franco Mogetta es un ejemplo claro del cambio de perspectiva que puede haber cuando se cambian las circunstancias. Anteriormente ministro de Transporte en Córdoba, Mogetta sostenía que este sistema era inequitativo. Ahora, desde su posición en el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, defiende el mismo sistema contra el cual luchaba.

Esta situación nos lleva a reflexionar sobre las decisiones políticas y económicas que se toman y cómo estas afectan a diferentes regiones del país. Lo que está claro es que esta inequidad entre AMBA y el resto del país se ha profundizado aún más: pasamos del 83-17 o 82-18 porcentual a un alarmante 94-6.