La sobreactuación política y el derecho a la educación: una reflexión necesaria

El reciente incidente en el centro de Tucumán, donde dos grupos de estudiantes secundarios se enfrentaron en una pelea, todavía genera un gran revuelo. Este incidente, que involucró a 35 jóvenes, creció como una bola de nieve y provocó una serie de reacciones y declaraciones que merecen un análisis.

En primer lugar, es importante preguntarse: ¿Dónde estaban los adultos? ¿Dónde estaban las autoridades? La ausencia de supervisión y orientación adulta es un factor que no puede ser ignorado en este incidente. Sin embargo, la respuesta de las autoridades a este incidente ha sido preocupante.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, hizo una declaración que parece ser una sobreactuación política. Movilizar a toda la provincia por una pelea entre estudiantes, como si se tratara de un conflicto mayor, es una reacción desproporcionada. 

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Más grave aún es la sugerencia de que los estudiantes involucrados podrían ser detenidos, exonerados y prohibidos de entrar a cualquier colegio. Esta medida violaría el derecho de los niños a la educación, un derecho fundamental que debe ser protegido, independientemente de la edad del niño y hasta los 21 años.

Si una familia tiene un problema serio con un hijo que tiene problemas de conducta o de agresión, no le decimos "no vas a poder entrar más a casa y no vas a poder entrar a ninguna casa". No le quitamos la protección. De la misma manera, no podemos privar a los jóvenes de su derecho a la educación como castigo por su comportamiento.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está discutiendo si los chicos van a ser imputables a los 14, a los 15, a los 13, a los 12. Esta es una declaración pública de impotencia, de que no pueden con los chicos.

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Frente al grupo que se peleó, seguramente cada adolescente es una persona adorable, respetuosa y correcta. Pero en grupo, e incentivado por estas ganas de pelearse, estas ganas de hacer lío, terminan en una situación que violenta a toda la provincia.

Cuando el padre pide respeto de autoridad sobre un hijo o una hija y termina agrediéndolo físicamente, para que aprenda, para que no repita esa conducta, ¿Esa es la forma para que el niño aprenda y no cometa la misma acción? ¿O simplemente está aprendiendo un modelo de violencia que va a repetir luego?

Dejarlo sin colegio es casi una trompada a un niño que no está entendiendo por qué los adultos no se ponen de acuerdo. Estamos hablando de chicos de 15 a 17 años que no tienen autonomía y que están pidiendo, por favor, que haya un líder más o menos serio y menos mediocre lo gobierne.

Sería hora de reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones como adultos y autoridades. Es momento de proteger el derecho de nuestros niños a la educación y a un futuro mejor.

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