El retiro de un radar de capitales británicos causó polémica en Tierra del Fuego

Andrés Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno de Tierra del Fuego, dialogó con Cadena 3 sobre el retiro de un radar británico ubicado en proximidades del municipio de Tolhuin, un acontecimiento que generó controversias y preocupaciones en el ámbito de la seguridad nacional en los últimos días.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó en las últimas horas al canciller Santiago Cafiero, quien aseguró en el Senado que la provincia "se excedió en su atribución con el establecimiento del radar". En ese sentido, subrayó que se trató de una autorización nacional que la propia Cancillería celebraba.

La llegada del radar fue a través de la empresa LeoLabs Argentina SRL, que tras una decisión de la Jefatura de Gabinete nacional notificó el "inicio del proceso de desarme del sistema electrónico y otras medidas tendientes a garantizar la inoperatividad" del radar. Esta decisión se produce después de que el Ministerio de Defensa considerara que la instalación del radar representaba una "vulneración de la seguridad nacional" y solicitara su cancelación definitiva.

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Dachary explicó la lógica detrás de la autorización inicial del radar, señalando que "la IGJ inscribió la empresa; esa fue la condición por la que se había autorizado y motivo por el que nos encontramos con un radar británico en la provincia". 

El Secretario de Malvinas destacó que la cuestión siempre estuvo encaminada a resolverse con la mayor rapidez posible y mencionó el respaldo al radar en su momento de varias instituciones gubernamentales, incluyendo la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Cancillería. Además, señaló que "el embajador Argüello también lo celebró", aunque mencionó que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desconoció estas acciones, atribuyendo a los embajadores un rol propio y un desconocimiento de los aspectos de fondo".

Dachary cuestionó el hecho de que el Gobierno nacional atribuya la responsabilidad al Gobierno de Tierra del Fuego. El secretario enfatizó en ese sentido que esta es una preocupación que trasciende las fronteras de la provincia y es, en esencia, un problema nacional.

En relación con la empresa detrás del radar, LeoLabs Argentina SRL, Dachary explicó que se trata de "una empresa privada que sostiene que es un emprendimiento para rastrear basura espacial y satélites". Sin embargo, hubo controversias, especialmente en relación con la composición de capital británico en la empresa y el riesgo potencial que el Ministerio de Defensa vio en esta tecnología para fines de inteligencia.

El secretario de Malvinas también remarcó que la Jefatura de Gabinete revocó la autorización, ya que era el único organismo que tenía la capacidad de determinar si el radar quedaba operativo o no. En junio, se llevó a cabo una auditoría con funcionarios y representantes de la empresa, quienes afirmaron que el radar no estaba operativo. Paralelamente, la provincia retiró la autorización ambiental y exigió a la empresa retirar toda la infraestructura. 

Recientemente, notificaron a la provincia sobre la solicitud de cancelación del servicio eléctrico, la remoción de componentes electrónicos y la intención de llevar la cuestión a la Justicia, argumentando que se trataba de un emprendimiento comercial sin relación militar y pidiendo la postergación de los plazos de intimación.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Sebastián Peri Robledo.