El Congreso peruano destituyó al presidente Martín Vizcarra

Se alcanzaron los 105 votos a favor sobre un total de 130 congresistas, cuando el mínimo necesario era de 87. Este martes debe asumir Merino.

Invocando apego a la verdad y transparencia, Vizcarra fue objeto de un nuevo juicio político relámpago en el Congreso por supuesta "incapacidad moral", tras negar haber recibido coimas por contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.

"Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones", "no he cobrado soborno alguno", afirmó, al defenderse personalmente ante el plenario, sin recurrir a un abogado. 

La tenacidad y honestidad que predica le ayudó a librarse del primer proceso de destitución, que lo tuvo contra las cuerdas el 18 de septiembre por aparentemente inducir a mentir a dos colaboradoras en investigaciones del Parlamento y la Fiscalía por unos cuestionados contratos con un cantante. 

Aunque su imagen quedó mellada y su poder debilitado, sobrevivió para hacer frente en los ocho meses que le quedan de mandato a los problemas que marcan su agenda: pandemia, recesión económica, un brote de difteria y las elecciones de abril de 2021, en las que no puede ser candidato. 

Sus adversarios en el Congreso alegan que habría recibido coimas cuando era gobernador. Los montos de los supuestos sobornos ascienden a 2,3 millones de soles (unos 623.000 dólares), en un caso investigado por la Fiscalía desde 2018, pero que recién ahora ganó notoriedad por unos reportajes de prensa.

Vizcarra niega esos pagos y atribuye la moción a una maniobra para retrasar las elecciones generales de abril 2021, y prolongar el mandato del actual Congreso.

La Fiscalía abrió un expediente a Vizcarra pero solo podrá investigarlo cuando culmine su mandato, el 28 de julio de 2021, pues ahora tiene inmunidad.

"Las denuncias de sobornos al presidente Vizcarra son graves, sin duda, y requieren ser investigadas con rigor en la fiscalía, pero la acusación recién puede producirse al fin de su mandato", escribió el analista político Augusto Álvarez. 

Sin embargo, la principal razón por la que no da un paso al costado es por el respaldo de la gente: nueve de cada diez peruanos prefieren que complete su mandato y sea investigado después por la fiscalía, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos.