La Presidente de Perú no renunciará y exige al Congreso adelantar las elecciones

La presidente de Perú, Dina Boluarte, descartó este sábado que vaya a renunciar y exigió al Congreso reconsiderar "la votación del adelanto de elecciones”, tras el rechazo en la víspera del proyecto del Ejecutivo para celebrar comicios en diciembre de 2023, mientras persisten las protestas en el país, que ya dejaron al menos 23 muertos.

“El Congreso tiene que reflexionar y actuar de cara a los intereses del país. El 83% de la población quiere el adelanto de elecciones”, indicó la mandataria en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en Lima, al hacerse eco de una encuesta realizada por la consultora IEP.

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“Está en sus manos el adelanto de elecciones, El Ejecutivo cumplió presentando el proyecto de ley”, indicó y añadió: “Exijo que se reconsidere la votación”.

El Congreso no logró este viernes la mayoría calificada que exigía el adelanto de los comicios de 2026 a 2023 (porque implica una reforma constitucional) y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida sin nueva fecha por el titular del cuerpo unicameral, José Williams.

En medio de cruces y gritos afloraron las diferencias en torno a si se debía impulsar, en simultáneo a las elecciones generales, una Asamblea Constituyente.

Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que era preciso modificar la carta magna para que a un futuro Ejecutivo no le pase lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado pero marcadamente opositor.

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La sesión marcó otra dificultad en el proceso abierto con la destitución de Castillo, el miércoles de la semana pasada, y la asunción en su lugar de la entonces vice Boluarte.

Por otro lado, calificó de “violencia innecesaria” las protestas en varios puntos de Perú que exigen la libertad del Castillo, su renuncia, el cierre del Congreso y elecciones inmediatas.

Esas manifestaciones comenzaron el 7 de diciembre tras la destitución del presidente, detenido y acusado de rebelión tras anunciar la disolución del Parlamento.

“¿Cuál es el propósito de cerrar aeropuertos y quemar comisarías y dependencias del poder judicial? Esas no son marchas pacíficas, no son reivindicaciones sociales”, apuntó la mandataria, quien aseguró que estos grupos “tenían organizado tácticamente tomar aeropuertos y bloquear carreteras”.

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“Si las Fuerzas Armadas salieron es para protegerlos porque se venía desbordando la situación de los grupos violentos”, indicó al defender el decreto que estableció el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días.

Boluarte, quien lleva diez días en el cargo, anunció además una pronta recomposición de su Gabinete para enfrentar mejor la crisis, luego de que dos de sus ministros renunciaran en rechazo a la represión de las protestas.

La mandataria denunció, asimismo, el machismo que existe detrás de los pedidos de dimisión a la primera presidenta que tuvo el país en sus 201 años de historia.

"Dejemos de lado el concepto machista. Quizás duela que por primera vez una mujer asume la presidencia de la República. Demos la oportunidad a las mujeres”, concluyó, según el diario El Comercio.

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En paralelo a la conferencia de la mandataria, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció en Twitter que la policía estaba allanando los locales de la Confederación de Comunidades Campesinas (CCP), el partido socialista y de la formación de izquierda Nuevo Perú "buscando manifestantes".

Este hecho fue también denunciado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que manifestó su preocupación al respecto.

En la víspera, la Defensoría del Pueblo pidió una investigación penal ante los reportes de disparos directos al cuerpo de manifestantes por parte de militares. Entre las víctimas hay menores de edad.

Las protestas dejaron al menos 23 muertos, según cifras oficiales, aunque el número varía si se cuentan fallecidos en accidentes de tránsito vinculados a los bloqueos de rutas y por imposibilidad de traslados a centros de salud.

Al no haber un registro centralizado, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras.

Las protestas persisten en el país, principalmente en el sur andino, una región golpeada por la pobreza y con demandas sociales postergadas.

También el ministro de Defensa, Alberto Otárola, quien denunció que hubo "actos violentos organizados" para "desarmar al Estado", afirmó que la situación parece reencauzarse.

"La tendencia es a la baja, pero mantenemos la alerta, la situación de violencia no ha pasado y la crisis continúa", expresó, según la agencia de noticias estatal Andina.

Tras estar cerrado por más de tres días, las operaciones del aeropuerto internacional del sureño Cusco se reiniciaron ayer, lo que permitió evacuar a unos 4.500 turistas varados en esa ciudad andina.

No obstante, aún permanecen bloqueados medio millar de visitantes en la ciudadela inca Machu Picchu y se esperaba la llegada de helicópteros que los puedan evacuar hacia Cusco.

"A más tardar el domingo, salen todos los turistas varados", afirmó el ministro de Comercio y Turismo, Luis Fernando Helguero.