Milman: “Las autoridades de la cárcel parecen ser cómplices”

Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad de la Nación entre 2016 y 2018, consideró que las autoridades del penal federal de Marcos Paz "parecerían ser cómplices" si permitieron que el líder de Los Monos cuente con un teléfono fijo.

“Esto es una situación desbocada, donde la directora de la cárcel parecería ser una cómplice más que alguien abocada a que el Servicio Penitenciario no sea un lugar donde los delincuentes sigan con su trayectoria delictiva”, expresó, en La Mesa de Café.

El objetivo es justamente trabajar sobre la adecuación de estas personas. Pero eso no estaría sucediendo en este caso.

Además, consideró que la gravedad del asunto no genera polaridades políticas porque se trata de “una cuestión de sentido común”.

“El imputado y procesado admitió que se dedicaba a contratar sicarios desde su celda y con la utilización de este teléfono que alguien dentro de la cárcel lo ayudó a sostener”, remarcó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que le descubren un teléfono a Cantero. En el 2019, cuando se encontraba en una cárcel de Santa Fe, ocurrió lo mismo y por eso fue trasladado a Marcos Paz.

Según opinó, la situación es “fácilmente controlable” si las autoridades tienen la “voluntad política” de hacerlo.

"Acá, lo que aparece es la voluntad política contraria: permitir que los reclusos hagan cualquier cosa dentro del Servicio Penitenciario", agregó en este sentido, y sentenció: "Eso lo hacen a través de sobornos y falta de control de las fuerzas de seguridad y de las propias autoridades".

En este marco, hizo referencia a las declaraciones de la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, quien aseguró que el uso del teléfono por parte de Cantero no es un privilegio, sino que es un derecho.

"Si las máximas estructuras sociales dicen que es un derecho y no que se usa para delinquir, el mensaje que baja es: 'con unos pesos, dejo que esto ocurra, porque total estoy haciendo algo para mí y no estoy infringiendo una norma'", consideró al respecto.

Y concluyó: "Si tuvieron que allanar los calabozos y las celdas para encontrar los teléfonos, está claro que están colocados en la ilegalidad. Y la ilegalidad nunca constituye un derecho".

Entrevista de Miguel Clariá.