Piden "mayor asistencia" para los agentes de seguridad que matan a delincuentes

Otro caso de inseguridad en Córdoba, donde un exmilitar, actualmente guardia de seguridad, mató a un delincuente que intentaba robarle la moto a una mujer, despertó nuevamente el debate sobre la legítima defensa y sobre qué pasa con el agente de seguridad tras estos desafortunados hechos.

En relación a lo sucedido, donde la justicia busca esclarecer si se trató de un hecho de legítima defensa o exceso en la misma, dialogó con La Mesa de Café Miguel Robles, expolicía y experto en seguridad, quien hizo hincapié en las consecuencias psicológicas y sociales para los agentes o "personas comunes" involucradas en este tipo de situaciones.

En ese marco, Robles señaló que "cuando se produce un proceso de muerte, es sumamente traumático; incluso para los terceros que tienen que presenciar esa situación".

Tras enfatizar en las "huellas psicológicas" que quedan en los agentes de seguridad que disparan y matan, manifestó: "Cuando no hay un cuidado a la atención psíquica del operador que se ha visto forzado a estar en un hecho de estas características, perdemos ese recurso humano para siempre".

Es por ello que reiteró sobre "las consecuencias": "Desde tener que asumir gastos legales que no son baratos a todo lo que tiene que ver con su atención psicológica y su reinserción social, porque esto tiene trascendencia y en el entorno todo el mundo se entera".

Además, Robles apuntó: "En muchos casos hablamos de una persona que actuó en defensa de un tercero de manera desinteresada y a veces hasta ejemplar y se agarra este problema".

En referencia a "dejarlo solo" al agente que le toca vivenciar esto, manifestó que "es otra manifestación de violencia institucional de no cuidar estos recursos humanos; en la no protección de los funcionarios de las personas que tienen que ejercer una función que todos necesitamos y reclamamos al Estado".

Por último, dijo que "esto es algo que debería asumirse como una obligación de parte de las fuerzas en cuanto a asistirlos verdaderamente".

Por su parte, el fiscal de instrucción que sigue la causa que disparó el debate, Horacio Vázquez, se refirió a las decisiones tomadas hasta ahora en este caso específico: "No se va a proceder por ahora en contra del guardia de seguridad y militar retirado porque no hay elementos probatorios que configuren la presencia de un delito en su contra".

Entrevista de Miguel Clariá.