A la ayuda social la había organizado Cositorto y no lo sabíamos

La investigación judicial sobre el manejo que hicieron los piqueteros del plan Potenciar Trabajo revela lo que todos supimos durante años, pero a nadie le importó. Y la red de mensajes y chats secuestrados revela algo más.

Es como si a la administración de la ayuda social la hubiera montado Leonardo Cositorto. En efecto, parece una estructura piramidal donde, en la base, hay aspirantes a un plan social y en la punta superior, delegados que tenían el derecho a quedarse con una parte de la asistencia social. 

Estos de arriba llegaban a tener ingresos que quintuplicaban a la penúltima categoría, el de beneficiario del plan social, que cobraba su plan con descuentos. 

Tenemos entonces, de abajo hacia arriba, el aspirante –que actuaba como suplente por ejemplo en las marchas a la que no podía ir el titular de un plan-, el beneficiario beneficiario común, después venían los miembros de cuadrilla o nexos, que cobraban el equivalente a dos planes y eran las poleas de transmisión entre la cúpula y los comunes; luego les siguen los delegados, que podían llegar a tener dos categorías, una más jerárquica que la otra.

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Estos delegados instrumentaban dos sistemas clave. Uno es un esquema de sanciones y faltas. En los chats queda clarísimo que, por ejemplo, no ir a una movilización era una falta grave. Hay gente que le avisa a su superior que ya se aseguró que un aspirante lo va a reemplazar, que pregunta si tiene que llevar un certificado médico para justificar la falta, que consulta si puede retirar alimentos después de haber cumplido la sanción, que puede consistir en el pago de una multa de hasta 10 mil pesos. Este sistema de castigos era clave. El sistema de control debería ser estudiado por el propio Estado, para tratar de controlar el ausentismo de los propios empleados estatales.

El otro era el sistema para extraer dinero. En los chats que revisa la Justicia queda expuesto un esquema de eufemismos. Se las llama pago de cápita o de cuotas cuando es más directo. Pero también en algunos casos se cobraba el ítem “alquiler de comedor”. En otros, por ejemplo en la entrega de alimentos, se cobraba el ítem “flete”. Nada que no hayan reconocido ya antes los políticos de esos partidos financiados con partidas multimillonarias del presupuesto público con las que se quedaron durante años y años sin licitación alguna. 

El legislador porteño Gabriel Solano, por ejemplo, del Partido Obrero, reconoció hace tiempo que su partido se queda con el 2 por ciento de la ayuda social. Aunque por lo que se ve en los chats, algunos se quedan con muchísimo más que eso, además de quedarse a través de la extorsión con un aparato capaz de movilizar multitudes que van a donde les digan sin preguntar ni por qué ni para qué.

La investigación judicial no arroja casi nada que no se supiera. Desde hace más de 15 años. Sin embargo, a nadie le importó. Es más: a todos nos parecía normal que, en nombre de los pobres, una banda de alimañas se dedicara a apretarlos bajo la amenaza de no darles lo que nosotros, ciudadanos, pagamos en impuestos porque creemos vivir en una sociedad civilizada.

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