Adiós, piqueteros: no era tan difícil

El juez Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, el vocero mediático de las organizaciones piqueteras de izquierda. Y además le trabó embargo por 390 millones de pesos. No le damos mucha importancia a la noticia, aunque es inédita, porque ya han perdido centralidad los piqueteros en sí. Ya no controlan la calle.

Hace unas semanas la consultora Diálogo Político, que desde hace muchos años mide los cortes de calle producidos por protestas y marchas marcó que, en el primer semestre de este año, los cortes en la Capital Federal, el tradicional epicentro de las protestas, cayeron 50% respecto del año pasado. Y en el interior del país se redujeron 22%. Se vinieron abajo. Y eso que comparamos con 2023, que fue el segundo año con más protestas. Y eso que en la primera mitad del año pasado la CGT y los piqueteros K estaban en el freezer porque gobernaba el peronismo. Este año se despertaron y salieron a la calle y aun así la cantidad total de cortes se fue al piso.

En Diagnóstico Político lo adjudican a tres razones. Una es el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La otra es el que el Estado más extravagante del mundo, el estado argentino, dejó de financiar su propia autodestrucción y le cortó el chorro de dinero público del que se apropiaban los piqueteros sin licitación para financiar sus propios partidos políticos y su capacidad de movilización. La tercera razón son las denuncias a la línea 134 que exhibieron los aprietes con que algunos piqueteros presionaban a beneficiarios de planes sociales para que fueran a las marchas y en algunos casos se quedaban con una comisión.

Hay una cuarta; la Justicia se despertó y comenzó a actuar. Tanto para empezar a considerar delito el desvío de dinero –como el que presuntamente han hecho organizaciones como la de Belliboni- que nos parecía normal, como para empezar a identificar, pintarles los dedos, procesar, detener y complicarle la vida al que corta calles y destruye propiedades públicas y privadas en una protesta.

No era tan difícil. Millones de argentinos, sobre todo en Buenos Aires, pasaron dos décadas de rehenes, resignados a no poder trabajar, a no poder subir la persiana de un negocio, a perder el turno del médico, a llegar tarde a la escuela y a tantas cosas más porque a nadie se le había ocurrido cumplir la ley y dejar de financiar el caos con los impuestos. No era tan difícil.