Bienvenidos al mundo de los corredores de mamut

La administración pública argentina se encuentra en el ojo de una tormenta que desafía las normas morales y éticas que deberían regir el servicio público. 

Mediante una publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó el uso de unidades retributivas para premiar la productividad y la reducción de personal, lo que despierta una serie de interrogantes sobre la naturaleza del trabajo en el Estado. 

¿Es correcto ofrecer incentivos económicos por despedir empleados? ¿No debería ser la eficiencia y la optimización de recursos parte del deber de quienes ocupan cargos públicos?

Las unidades retributivas, que ya existían, ya se usaron de manera discrecional en el pasado. Sin embargo, ahora se proponen como un mecanismo para premiar a aquellos funcionarios que contribuyan a reducir la plantilla de empleados públicos en sus respectivas áreas. 

Este "plus por despido" genera rechazo y es comprensible; la idea de que se premie a alguien por echar gente suena a un despropósito. La función de un funcionario público debería ser, por definición, hacer su trabajo de la mejor manera posible, y eso incluye gestionar recursos humanos de forma eficiente sin necesidad de incentivos adicionales.

La administración pública argentina estuvo plagada de ineficiencia durante décadas. Existen empleados que no cumplen con sus funciones, mientras otros, que sí trabajan arduamente, reciben la misma remuneración. 

El cierre de ministerios y reparticiones no tuvo el impacto deseado. ¿Por qué? Porque no se aborda el problema de raíz. Se cerró el Ministerio de la Mujer y no pasó nada, se cerró el Inadi y tampoco pasó nada.

¿Cuántos años hace que se paga en Córdoba la BAE por eficacia en EPEC? O en la Legislatura, donde el sindicato que no quiere que se conozcan los nombres de los empleados a partir del caso de la empleada fantasma.

No se trata de cerrar bloques enteros, sino de analizar cada caso, cada función, cada empleado. Sin embargo, este es un trabajo que nadie quiere asumir, ya que implica ensuciarse las manos y tomar decisiones difíciles.

La realidad es que en el sector privado, la eficiencia y la productividad son conceptos que se manejan con naturalidad. En el Estado, en cambio, se instaló una cultura de la ineficiencia. 

¿Por qué se debe permitir que personas cobren sueldos durante décadas sin aportar valor? Es un cuestionamiento que muchos nos hacemos, y que se vuelve más urgente a medida que la inflación y la crisis económica aprietan cada vez más. 

Es necesario premiar a quienes trabajan y no a quienes se limitan a ocupar un lugar en la nómina del Estado.

La introducción de un sistema que premie la eficiencia puede ser vista como un avance, aunque también conlleva riesgos; mientras la subjetividad en la toma de decisiones sobre quién es despedido y quién no puede llevar a injusticias.

Es fundamental establecer criterios claros y transparentes para evitar que se produzcan despidos arbitrarios. La idea de que el "fin justifica los medios" no puede ser un mantra en la administración pública. Se necesita un equilibrio entre la necesidad de ajustar la plantilla y la justicia en el proceso.

La discusión sobre la forma en que se implementan estos cambios es válida, y muchos están de acuerdo en que el fin puede ser correcto, pero la forma en que se lleva a cabo debe ser revisada. Las soluciones rápidas y drásticas a menudo no resuelven los problemas de fondo. Por eso, es esencial que se realice un análisis profundo y cuidadoso de cada área de la administración pública.