Covid: el riesgo de una nueva industria del juicio

El Estado argentino ha sido víctima de sucesivas industrias del juicio. Y estamos ante el riesgo de que se abra una más: las indemnizaciones por muertes causadas por el Covid.

Hay al menos dos casos conocidos. El de la médica de 67 años (o sea ya en edad de haberse jubilado) que, pese a haber estado exenta de trabajar durante la cuarentena, lo siguió haciendo. No trabajaba en un hospital sino en un dispensario barrial. La Justicia provincial falló con extrema rapidez y ordenó pagarle al esposo casi 20 millones de pesos, equivalente a más de 7 años de los salarios con aumento que hoy ofrece pagarle la Provincia a un médico ingresante. La Provincia no apeló.

El otro caso es el rosarino. Allí la Justicia ordenó a la Municipalidad pagarle a un enfermero 22 millones de pesos.

Nótese que los dos casos que se conocen son del sector estatal, muy proclive a ceder recursos porque total son de todos y no son de nadie.

Establecer que esas muertes por Covid fueron laborales no es tan obvio. Hay casos y casos. En el caso rosarino, por ejemplo, el enfermero había estado todo el primer año de la pandemia sin trabajar. Y volvió a trabajar cuando ya había sido vacunado. Es decir, se tomaron todos los recaudos. No hubo negligencia de la patronal, ni desprecio por los protocolos y normas laborales. Fue una emergencia mundial ¿Cómo se sabe que el enfermero se contagió en el hospital? Millones de personas se contagiaron sin haber pisado jamás un hospital. Y miles de profesionales de la salud que nos salvaron las vidas pasaron toda la pandemia en un hospital, desde antes que estuviera la vacuna, sin contagiarse.

El tema es delicado. Llevado al extremo, hay que hacer el siguiente cálculo: la pandemia dejó 130 mil muertos en el país. Si a todos sus familiares hubiera que pagarles 20 millones de pesos (equivalentes a más de 60 mil dólares), la sociedad debería afrontar indemnizaciones por 7.800 millones de dólares, más las costas y los honorarios de una industria del juicio que se ve venir. Sería una hipoteca imposible de levantar. Y es obvio que en los 130 mil muertos hay de todo. Por eso los jueces laborales deberían ser muy cuidadosos a la hora de dar una sentencia, para no causar, sobre la catástrofe de la pandemia otra catástrofe financiera. Y también para no ignorar a personas que efectivamente dejaron su vida para cuidar al resto de nosotros en lo peor de la pandemia.