El caso Coto y cómo violar la Constitución… al cuete

Según publicaron hoy varios sitios, el gobierno de Alberto Fernández inauguró un nuevo método para controlar el precio de la carne.

El martes, la secretaria de Comercio, Paula Español, lo llamó a Alfredo Coto, dueño de los supermercados Coto, para “pedirle” que no comprara vacunos en el Mercado Liniers. Lo confirmó Jorge Chemes, presidente de CRA, Confederaciones Rurales.

Coto es el cliente más grande de Liniers. Unos 130 mil animales al año, el 10% del total.

Aparentemente, la idea de la funcionaria es que si un cliente tan grande como Coto se retira del Mercado de Liniers, entonces el precio del ganado en pie va a bajar, al reducirse la demanda.

Y entonces esta funcionaria toma el teléfono y le “pide” a un ciudadano que haga tal o cual cosa. Es una obvia presión. Coto no se va a poner a ver de dónde sacar 500 novillos por día sólo porque Paula Español le caiga simpática. Si lo hace, es porque ese llamado es un apriete. Desobedecer entraña el riesgo implícito de que el gobierno te apunte con todas sus armas estatales y paraestatales. Desde mandarte inspecciones hasta apretarte con piqueteros.

Es una violación grotesca de principios constitucionales como la libertad de trabajar y comerciar. Y es doble: perjudica a Coto, y también al Mercado de Liniers. Ningún burócrata tiene derecho a ordenarte a quién comprarle y a quién venderle.

Pero el problema es mayor. Aunque fuera constitucional, el método es absurdo.

Si Coto no compra en Liniers, va a tener que ir a comprar a otro lado, seguramente a mayor costo. O tal vez tenga que apelar a intermediarios que compren en Liniers y después le vendan a él para dejarla contenta a Español. También con más costo. Otra alternativa es que Coto deje de vender carne. Pero entonces sus clientes van a tener que ir a demandar más carne a otros lados, que con mayor demanda y sin la competencia de Coto van a ir a comprar los mismos animales que ya no compra Coto pero van a tener más clientes cautivos a los cuales subirles los precios. O sea, la misma presión sobre el precio del kilo vivo pero encima con menos competencia. O sea, en lugar de bajar, los precios tal vez terminen subiendo aún más.

La conclusión es clara. Violar la Constitución es grave. Pero peor aún es violarla al cuete.