El Cordobesismo de Mayo: Llaryora, Juez, De Loredo y los que no la ven

Cuando largó su famoso DNU y, días después, mandó su famosa ley ómnibus al Congreso, el primer gobernador que salió a cabecear fue el cordobés Martín Llaryora. Fue el primero en poner algunos reparos. A todos nos pareció que quería posicionarse como líder de una liga de gobernadores dispuesta a resistir el ajuste mileísta y a usufructuar un eventual fracaso.

Ahora eso parece haber cambiado. Al menos sutilmente. Los tres diputados cordobeses que juegan con Llaryora -Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres- no dieron quorum en Diputados a la sesión especial en la que el kirchnerismo buscaba encender una bomba fiscal con una ley jubilatoria que podía terminar siendo cualquier cosa. Y ayer en el Senado la senadora Alejandra Vigo se abstuvo de rechazar el DNU.

¿Qué pasó? Algunos dicen que Llaryora vio que en las encuestas que más del 60% de los cordobeses mantienen una buena imagen de Milei. Sigue la luna de miel con la provincia que más lo votó.

Pero puede haber otras buenas razones. Que tienen que ver con los intereses de Córdoba. Y no con intereses puntuales (si Milei manda plata a la Anses o no, si sube o baja un punto de retenciones, si privatiza o no Fadea, si paga o no el Fonid) sino con intereses de fondo, estratégicos.

Esos intereses están expresados en términos generales pero de manera clarísima en el Pacto de Mayo que propone Milei. Y que todo político cordobés medianamente avispado debería tratar de impulsar. Los 10 puntos proponen un pacto para que, sin importar quien gobierne, en el país se impulse una reducción del gasto público, la eliminación del déficit estatal, la rebaja de los impuestos, la protección de los derechos de propiedad, flexibilidad para explotar recursos naturales, una reforma para bajar impuestos al trabajo y promover el empleo privado, reforma previsional sustentable y apertura al comercio mundial. Es decir, es un paquete consistente para, luego de demasiadas décadas de estatismo desmesurado, empezar a promover el mercado y al sector privado y reducir el peso muerto del Estado en la Argentina. Terminar con la muerte en cuotas de un sector privado cada vez más anémico que debe llevar en hombros a un Estado cada vez más obeso.

¿Y eso a quién puede beneficiar? Evidentemente a cordobeses, santafesinos, mendocinos, bonaerenses del interior bonaerense… que es donde aún laten con dificultad los restos mórbidos del sector privado. El beneficio no es sólo alentar a provincias como Córdoba, donde sólo 10% de la población activa trabaja en el Estado. Si las provincias como Santa Cruz –donde el 43% de la población trabaja en el Estado- dejan de prohibir la explotación de sus recursos naturales encontrarán ahí su desarrollo en lugar de seguir viviendo de la coparticipación y los impuestos que pagan las provincias con sector privado.

Si la Argentina llegara a tomarse en serio el Pacto de Mayo, para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, el límite sería el cielo.

Tal vez sea ese mediano plazo lo que también vio Llaryora, además de las encuestas de corto plazo de imagen de Milei. La prueba es que el radical cordobés Rodrigo de Loredo –jefe de los diputados radicales- también se sacó de encima a lo peor del radicalismo bonaerense y, en las antípodas de personajes como Martín Lousteau, lideró a sus legisladores para que tampoco dieran quórum en Diputados, al igual que hicieron los macristas. Otra prueba es que su hasta ahora socio en la fórmula del fernet, Luis Juez, así como la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, votaron a favor del DNU en el Senado.

De todos modos, un tercio de los diputados cordobeses -los peronistas Oscar Agost Carreño y Juan Brügge y los kirchneristas Natalia de la Sota, Pablo Carro y Gabriela Estévez- actuaron, en mi opinión, en contra de estos intereses de fondo de Córdoba. En una de esas no la ven. O en una de esas la ven, pero no les importa.