El juez que premia la violación de derechos: una locura que asombra al país

Un juez federal, Martin Kormic, emite una decisión que sorprende: obliga al Estado a financiar a quienes violan derechos, en este caso, a quienes realizan piquetes.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Juan Grabois, acude a la justicia tras la reducción de subsidios por parte del gobierno de Javier Milei. Este gobierno ha comenzado a cortar ayudas a quienes obstaculizan el tránsito y protestan de manera violenta, lo que afecta la capacidad de movilización de los piqueteros.

El juez Kormic, en una resolución polémica, prohíbe al gobierno quitar los planes sociales a quienes interrumpen el transporte. Esta decisión se basa en la resolución 84 del Ministerio de Capital Humano, que garantiza la continuidad de los beneficios a quienes impiden la libre circulación.

Esto plantea un dilema: el Estado termina pagando a quienes violan las normas de convivencia. Si bien el derecho a huelga es legítimo, no puede estar por encima del derecho de los demás a transitar libremente.

El juez argumenta que los beneficiarios de planes sociales deben ser escuchados antes de que se les retire el beneficio, ya que podrían sufrir un daño irreparable. Sin embargo, el daño irreparable lo sufren los comercios que deben cerrar por las interrupciones constantes.

La decisión del juez se extiende incluso a prófugos de la justicia, quienes también seguirían recibiendo planes. Esto genera una confusión peligrosa, al igualar a quienes cometen delitos con aquellos que no lo hacen.

El gobierno ya anunció que apelará esta decisión, pero la preocupación radica en que existan jueces con esta perspectiva. La situación actual pone en evidencia la necesidad de un debate profundo sobre la justicia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.