El subsidio a ciegas

El bloque Unidad Piquetera -que reúne a todos los piqueteros de que no son abiertamente K- promete volver a encarajinar las calles. Ya hace dos semanas hicieron la vida imposible en Córdoba, Buenos Aires y otras ciudades. El miércoles amenazan iniciar otro acampe en la avenida 9 de Julio de Capital Federal, masivo como el de hace 15 días, pero que va a durar dos días en lugar de uno. Aún bajo esa amenaza, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, los va a recibir.

¿Qué reclaman? Lo mismo de siempre. Más planes, más plata. Pero esta vez exigirían algo insólito: que el gobierno les vuelva a pagar 33 mil pesos por mes a los dos piqueteros a que perdieron ese plan luego de que fueran detenidos por apedrear el despacho de Cristina Fernández.

Ya era insólito que, durante años, el Estado financiara a quienes cometen faltas y delitos e impiden el ejercicio de derechos a los demás. Y es insólito que recién ahora, porque la atacada fue Cristina Fernández, un gobierno anulara los beneficios.

Pero ahora lo insólito crece: reclaman que el beneficio sea devuelto a estos violentos.

Mientras, opositores y oficialistas, parecen mirar el partido desde afuera. Parece que no se tomaran en serio el tema.

Miren todas las cosas que podrían modificar. Los planes se dan sin que exista un registro público: nadie sabe quiénes lo reciben ni por qué. Tampoco se sabe quiénes reparten los planes: las orgas piqueteras están de los dos lados del mostrador y se reparten el presupuesto sin licitación. En cualquier otro ministerio sería un escándalo. Si hubiera licitación podrían participar otros sectores, tan privados como las orgas piqueteras, pero organizados como empresas, que podrían ser más capaces que Juan Grabois para crear empleos de verdad.

Un plan como el Potenciar Trabajo, con más de un millón de beneficiarios, está destinado a desocupados, pero se da sin chequear si el beneficiario está realmente desempleado o si busca realmente trabajo. Los beneficios se dan sin límite de tiempo. Por ejemplo, los dos piqueteros que perdieron el plan lo recibían desde 2018. Cuatro años. Pero ya hay generaciones enteras que vienen cobrando estos subsidios, que se iniciaron en 1997, hace 25 años. No hay sociedad en el mundo que pueda bancar a semejante cantidad de gente joven, adulta y sana que no trabaja durante tantos años. Eso no puede funcionar.

Anímense, políticos, a cambiar toda esta fábrica de miseria promovida por el Estado y pagada por los que trabajan de verdad. A ver si se les cae una idea. Miren a Uruguay: quienes impulsaron una ley que, entre otras muchas cosas, fija condiciones al derecho de huelga, castiga la ocupación de espacios públicos y limita las protestas callejeras acaban de ganar un referéndum. Anímense a hacer lo que necesita la gente que trabaja y paga los impuestos. Defender una mínima idea de orden y racionalidad no es fascista. Fascista es usar la plata del Estado para anular la competencia democrática con clientelismo.