El templo más grande del mundo será argento... y trucho

Otra vez hay conflicto por entidades que exigen compensaciones económicos por el hecho de ser de origen mapuche, o presuntamente mapuches. Esta vez es por la decisión de Parques Nacionales de reconocerles a estas entidades una especie de jurisdicción religiosa ancestral sobre el volcán Lanin. La decisión está por revertirse luego del rechazó que expresó la Provincia de Neuquén, para quien la Nación no tiene jurisdicción sobre su territorio. Muchos expresaron además su preocupación por las implicancias que estas medidas podrían tener en términos de soberanía o por su carácter de privatizaciones y concesiones encubiertas.

Pero lo paradójico es que la Provincia de Neuquén hace lo mismo. Y que en esos casos es la Nación la que se queja. Por ejemplo, hace unas semanas el gobernador Omar Gutiérrez acordó con estas organizaciones presuntamente mapuches un protocolo según el cual cualquier explotación económica en territorio neuquino debe discutirse con ellos, que pueden exigir "reparaciones" económicas si dicen que tal o cual sitio es "ancestral" o "sagrado".

Detrás de esto no hay nada sagrado. Estos grupos exigen cobrar por permitir, por ejemplo, que se tienda el gasoducto Néstor Kirchner en construcción. Quieren una parte de los 1.600 millones que cuestan los primeros 700 kilómetros de caño. En abril, por ejemplo, tomaron la sede de YPF en Añelo para exigir dinero. Sucede todo el tiempo.

En juego hay una fortuna inimaginable. En 2021 una consultora especializada calculó el valor actual de Vaca Muerta en más de 400 mil millones de dólares. Varias veces la deuda externa. Las provincias petroleras ya cobran regalías por 15% de eso. Si esta nueva industria de la veneración mapuche llegara a quedarse con apenas un punto de eso... Es lo que explica tanto conflicto desde el hallazgo de Vaca Muerta y que se amplíe cada vez más hasta comprometer la soberanía del Estado. No es broma. En 2014 por ejemplo el ministerio público fiscal neuquino les reconoció a estos grupos la potestad de resolver conflictos penales, el inicio de una "justicia indígena" que tiene graves implicancias de todo tipo. Por empezar, el derecho a elegir quién te juzga por un delito de orden público en base a criterios culturales ambiguos, a veces al borde del racismo.

Sobre todo esto se construye un nuevo tipo de clientelismo. El poder político reparte cada vez más patentes de derechos ancestrales y sagrados sobre extensiones de territorio cada vez más grandes: kilómetros y kilómetros de estepa donde tal vez nunca puso un pie un hombre. Es absurdo. Vamos a terminar construyendo un templo del tamaño de la Patagonia entera.

Pero después no son los políticos clientelares los que pagan tanta emoción originaria. Porque esta religión no se banca con limosnas voluntarias en la canastita que pasa el cura. Al final, la pagamos todos, fieles o infieles, en el surtidor de nafta: una parte de lo que pagás es lo que luego las petroleras derivan a estos grupos para poder trabajar, o les dan a provincias y municipios para que estos los deriven a estos grupos que apelan a pasados inventados y, a veces, a un presente de extorsión para montar un negocio donde lo único sagrado es el dinero.