La jueza buena, los violentos malos y la ley pintadedos

La jueza porteña Karina Andrade, titular del juzgado de primera instancia en lo penal y contravencional, libera a 114 personas, generando un intenso debate en el ámbito judicial. Su carrera, meteórica, despierta tanto admiración como críticas.

Andrade ingresa al sistema judicial como administrativa a los 26 años y se convierte en jueza a los 39. Este ascenso tan rápido no es común y plantea preguntas sobre los procesos de nombramiento en la justicia. Muchos la consideran cercana al kirchnerismo, lo que añade un matiz político a su gestión.

La jueza justifica su decisión de liberar a los detenidos citando el derecho constitucional a la protesta y a la libertad de expresión. Sin embargo, este argumento genera controversia, ya que la Constitución establece que estos derechos deben ejercerse de acuerdo a las leyes. La protesta no puede justificar actos delictivos como incendiar patrulleros o bloquear el paso de otros.

Andrade también menciona la importancia de atender a los sectores vulnerables, como los adultos mayores, en el contexto de las manifestaciones. No obstante, la pregunta persiste: ¿significa esto que cualquier reclamo válido puede llevar a la violencia y la destrucción? La respuesta parece depender de la interpretación de la jueza sobre la validez de cada reclamo.

Se destaca que, a pesar de las decisiones de la jueza, la ley sigue vigente. Esto se evidencia en los antecedentes penales de muchos de los detenidos, que podrían enfrentar consecuencias legales serias. La ley, aunque a veces cuestionada, funciona y tiene su peso en el sistema judicial.

La historia reciente de Argentina muestra que la ley puede ser efectiva en contener manifestaciones descontroladas. Un ejemplo es el caso de Néstor Kirchner, quien inicialmente apoyó cortes de ruta pero luego tomó medidas para identificar y procesar a los manifestantes, lo que resultó en la finalización de las protestas.

El caso de la jueza Andrade es un recordatorio de que la justicia debe equilibrar el respeto a los derechos con la necesidad de mantener el orden y la legalidad. La ley es fundamental y debe ser aplicada de manera ecuánime para todos.