La jueza buenista, el jubilado enfermo y la prepaga en crisis

El aumento de las prepagas plantea una situación extrema. De un lado, asociados que ya no pueden pagar y temen quedar sin servicio. Del otro, un sistema de seguros, el de las prepagas, a través del cual se paga un tercio de la salud argentina, que puede quedarse sin recursos. De un lado, el riesgo de un apagón de la salud para personas de carne y hueso. Del otro lado, el riesgo de un apagón de todo el sistema de salud.

Sobre esta situación tan delicada apareció una jueza de la Justicia porteña, Vivian Fernández Garello, que otorgó una cautelar a favor de un jubilado bancario de 68 años, que sufre policitemia severa, una enfermedad de la sangre, que planteó que ya no puede pagar su prepaga.

¿Qué hizo la jueza? Ordenó a la prepaga que siga cubriendo al jubilado pero aumentando la cuota sólo en la misma medida en que subió la jubilación mínima. Recordamos: desde diciembre, las prepagas aumentaron hasta 250%. El gobierno intervino y les ordenó subir sólo según la inflación de ese período, un 114%. Pero la jueza no acepta ni eso. Dice que la cuota tiene que subir sólo 50%, que es lo que subió la mínima.

El criterio de la jueza tiene serios problemas. Uno es de coherencia. Según ese criterio, en el último año, entonces, las prepagas deberían haber subido sólo 140%; lo que aumentó la mínima. Pero resulta que el salario de los jueces porteños, como el de la propia jueza, subió 240%, según el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué el servicio de Justicia porteño puede aumentar 240% pero el servicio de Salud sólo puede subir 140%? ¿La jueza estaría dispuesta a bajarse su sueldo? Al fin y al cabo una partecita de su sueldo sale de los impuestos que paga el mismo jubilado cuando compra sus alimentos, que treparon mucho más que las prepagas. ¿Por qué la jueza juega a ser Robin Hood con las prepagas pero no con la Justicia? ¿Es hipocresía o es ignorancia?

El otro problema es más abstracto: ¿puede funcionar una economía con jueces que le ponen precio a las cosas para quedar bien con su conciencia pero que pueden generar problemas gravísimos de los que no se van a hacer responsables? Pasa lo mismo con jueces que alegremente frenan tarifazos, congelan cuotas de préstamos hipotecarios, ordenan pagar indemnizaciones estrafalarias, sin que les importe lo que pasa del otro lado.

Si fallos como estos se extendieran y quebraran las prepagas y millones quedaran sin servicio, hubiera apagones de luz, desapareciera el crédito hipotecario (como ya sucedió) o el empleo en negro superara incluso el 40% actual, ¿se haría responsable la jueza por el daño infligido a millones de personas? ¿La destituirían?

No hay economía en el mundo donde los precios de cosas tan complejas como la salud, la energía, la mano de obra o el crédito puedan ser determinados por una jueza. Es absurdo. Y un riesgo gigantesco ¿Quién invertiría un peso si su negocio va a depender del capricho de una jueza que, encima, les aplica a las demás reglas buenistas que no aplica con su propio bolsillo?