Licencias parentales: ¿de empresarios a niñeros?

Como la economía está tan floreciente, las empresas están ganando fortunas y todo está mejor que nunca, el gobierno le acaba de volver a cargar un nuevo muerto al sector privado.

Los burócratas del Ministerio de Trabajo de la Nación que jamás han manejado un kiosco acaban de decidir que las empresas les van a tener que seguir dando licencias pagas a sus empleados cuando estos sean padres, madres o tutores de un estudiante, los días en que este estudiante no tenga clases presenciales o tenga una jornada reducida.

La medida ya rigió todo el año pasado y se suspendió en el verano. No es nueva. Pero el año pasado coincidió en muchos meses con el cierre total de la economía (o sea que muchas empresas directamente estaban cerradas y estas licencias se perdían en un descalabro mayor) y además las empresas recibían ATP (el subsidio a los salarios) o la posibilidad de no pagar aportes patronales. Hoy esos beneficios ya no existen. Y las empresas están mucho más golpeadas, por simple acumulación de meses de crisis, que el año pasado.

Sin embargo, la licencia parental se renueva sin siquiera discutir, sin siquiera establecer que se pague un porcentaje menor del salario, o que el Estado asuma parte del costo o alguna otra variante. Tampoco se establece una base de datos ni nada. Con una mera notita el empleado notifica. ¿Qué va a hacer el empleador? ¿Contratar un investigador privado para ver si en serio su empleado cuida a su hijo o si los dos padres están pidiendo la licencia en dos empresas distintas?

No hay estadísticas para saber el impacto de estas cosas. Consulté empresarios. Entre las licencias para mayores de 60, las licencias para grupos de riesgo, las inasistencias justificadas normales y esta licencia parental por educación, las empresas manejan niveles de ausentismo de entre 15% y 20%. ¿Te parece poco? Bueno, es entre el triple y el cuádruple de lo normal. Son fortunas pagadas en salarios sin que se trabaje.

Por supuesto, el gobierno sigue cazando en el zoológico. Todo esto golpea como siempre al sector privado que tiene empleo en blanco.

Las licencias rigen para el Estado, pero allí a nadie le importa si un empleado estatal falta o no. Ni si se gasta mucho en salarios o no. Los funcionarios que hoy están y mañana no. Y no arriesgan ningún capital.

Y las licencias no rigen por supuesto en el empleo en negro, que sigue haciendo una competencia desleal cada vez mayor contra los privados idiotas que pagan impuestos.

Es difícil entender cómo sobreviven las empresas privadas en blanco: tienen costos laborales cada vez más altos, venden menos, trabajan con restricciones por la pandemia, les aumentaron los impuestos, les quieren fijar precios y ahora encima les quieren mandar a los grupos paraestatales de piqueteros a apretarlos.

Va siendo que, por una vez, alguien les dé una licencia justificada a las empresas privadas de la Argentina, el país que no se cansa de castigar a los que invierten y organizan lo poco que todavía funciona.