Los propietarios del Estado no necesitan examen

La semana que viene se inicia una serie de evaluaciones que involucra a 40.000 empleados públicos en la Capital Federal. Estos trabajadores, que tienen contratos temporales, se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que la continuidad de sus contratos depende del resultado de un examen. 

Esta medida generó un clima de resistencia, como lo expresa Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital: "El bloqueo emocional que hay por angustia es que, de verdad, no se puede. Cada tres meses pensás que ya no tenés trabajo".

La resistencia de los sindicatos es contundente y ya anunciaron desde paros hasta movilizaciones. El gremio rechazó esta evaluación, que se llevará a cabo dentro del Ministerio de Defensa de la Nación, lo que refleja un temor por posibles boicoteos.

Catalano incluso mencionó la posibilidad de utilizar un camión con sonido para dictar respuestas a sus compañeros dentro del edificio. "Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro", afirmó, lo que marca la desesperación.

La prueba en sí consiste en una evaluación que incluye comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y temas de administración pública, con diferentes niveles de dificultad según el cargo. 

Se trata de un examen presencial con 24 preguntas de opción múltiple que los empleados deben responder en una hora. Esto no solo condiciona la renovación de contratos, sino que también afecta a los nuevos ingresos. Hay posibilidad de rendir el examen tres veces.

En este contexto, la figura de Santiago Caputo, conocido como "el monje negro", también se mencionó. Se sugiere que él, al tener un contrato, debería participar en la misma evaluación, lo que podría enviar un mensaje claro sobre la igualdad de condiciones en el sector público. 

Este tipo de propuestas generan un debate sobre la legitimidad de los contratos y la necesidad de que todos, incluidos los representantes sindicales, se sometan a las mismas reglas.

La situación refleja un problema más amplio en el ámbito estatal: la percepción de que muchos empleados son "dueños" de sus puestos de trabajo, lo que crea una desconexión entre el rendimiento real y la permanencia en el cargo. 

Se habla de "puestos" como si fueran propiedades, donde el desempeño no se mide ni se evalúa adecuadamente.

¿Es correcto que la continuidad laboral dependa de un examen? ¿Qué mensajes se envían al permitir que algunos "dueños" de puestos no se sometan a las mismas reglas que los demás?

La próxima semana, con el inicio de las evaluaciones, se verá cómo se desarrolla esta situación. La angustia de los empleados, la respuesta de los sindicatos y la postura del Gobierno serán determinantes para el futuro de estos trabajadores y, en última instancia, para la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía.