Que el sentido común también vuelva a trabajar

En Argentina se ha destruído el sentido común. Es asombroso lo que sucede: la UIA y su opinión de que las empresas no tienen por qué seguir pagando el sueldo de empleados que no van a trabajar porque se niegan a vacunar.

La mayoría de los diarios califican a la opinión como "polémica", o "insólita".

La verdad, no sé qué puede haber de polémico. Se ha atacado tanto la cultura del trabajo, se ha cultivado tanto la noción de que el dinero simplemente se imprime, de que es posible vivir sin hacer nada, que llegamos a este punto, en el que nos parece "polémico" algo que es obvio. Qué es lo obvio: que si yo cobro un salario tengo la obligación de trabajar.

No hay un solo líder político que se anime a decirlo, clarito y fuerte. Tienen miedo de contradecir este nuevo sentido común emergente que nos lleva a la siesta eterna, a la miseria.

Es más: las empresas, incluso según las leyes argentinas y las del mundo, no sólo tienen el derecho obvio a no pagar el sueldo; tienen del derecho a despedir a quien no se presenta a trabajar si las condiciones están dadas.

¿Está todo dado para ir a trabajar? Sí. Hay un decreto de abril que permite tanto al Estado como a los privados convocar a trabajar a quienes tienen al menos una dosis de la vacuna y que hasta ahora podían quedarse en su casa por razones de edad o riesgo. Ya se levantaron restricciones de circulación horaria y en el transporte público. Y hay vacunas. No hay más excusas para seguir echados a mate y Netflix, bancados, en definitiva, por los compañeros de trabajo que sí trabajan.

¿Implica la posición de la UIA violar la libertad de un empleado, el derecho de una persona a elegir no vacunarse por razones particulares que no tengan nada que ver con cuestiones sanitarias? No, para nada. No se viola la libertad.

Quien no quiere vacunarse -por convicción o, peor, como excusa para no volver al trabajo- tiene derecho a no hacerlo. Pero tiene que hacerse cargo de su decisión. No puede ejercer su libertad y exigir que otro le pague los costos de su libertad. ¿Y la libertad del otro? La última encuesta de la UIA señala que las industrias, en promedio, han tenido que licenciar el último año al 14% del personal. Un costo gigantesco que se agrega a la penuria que ya llevó a cientos de miles a la quiebra. ¿Ahora también tendrían que pagarles vacaciones eternas a algunos de sus empleados?

Es como cuando decidimos tener un hijo. Ejercemos nuestro derecho inalienable a ser padres. Pero no podemos pretender luego que un tercero se haga cargo de los costos, de la crianza, de los cuidados de nuestro hijo.

Otro ejemplo: si estás convencido de que trabajar es una forma de esclavitud, tenés toda la libertad de no trabajar, pero no pretendas que los demás te mantengan para que vos ejerzas ese derecho. O si trabajás pero no aportás a la Anses porque estás en contra de los impuestos: dale, pero después, cuando cumplas 60 o 65, no vengas a exigir una jubilación.

Lo que sucede es que es justamente eso lo que hemos venido destruyendo en Argentina. En la paternidad, en lo laboral, incluso en el orden criminal, hace años que venimos desresponsabilizando a las personas que ejercen su libertad. Son décadas de repartir derechos a unos sin las correspondientes obligaciones. O peor, de darles derechos a unos imponiéndole a otros la obligación de financiar esos derechos.